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Economía

JUBILACIÓN

Zapatero apuesta por la jubilación a los 67 años, una medida que tendría efecto en 2025

El retraso del retiro se aplicaría de modo progresivo a partir de 2013, al sumar cada año dos meses más de trabajo.

Zapatero, en la inauguración del Año Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social, ayer.
Zapatero apuesta por la jubilación a los 67 años, una medida que tendría efecto en 2025
AFP

El retraso de la edad de jubilación estará sobre la mesa de la reforma de las pensiones y el Gobierno apuesta en firme por ella. Será un cambio gradual. El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, defiende posponer la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, pero no será hasta 2025 cuando los trabajadores tendrán que permanecer dos años completos más en su puesto para poder retirarse y cobrar el cien por cien de la prestación. La medida responde a que las tesis de la vicepresidenta segunda y responsable de Economía, Elena Salgado, han ganado a las del titular de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, contrario a alargar la vida laboral.

 

La iniciativa figura en el documento que mañana viernes aprobará el Consejo de Ministros para trasladar al Parlamento y a los agentes sociales con el fin de, en un plazo no demasiado largo, concluir la próxima reforma de las pensiones. Zapatero espera con esta demora acallar las voces de instituciones y organismos internacionales que claman porque el Gobierno español "haga algo" que garantice la viabilidad del sistema público de protección social.

 

El retraso comenzaría a aplicarse en 2013. Los trabajadores que en esa fecha cumplieran los 65 años y quisieran dejar su actividad laboral tendrían que continuar dos meses más para poder jubilarse. Para quienes alcancen esa edad en 2014, la espera sería de cuatro meses; en 2015, de seis meses; en 2016, de ocho meses; y así sucesivamente hasta 2025, ejercicio en el que la edad legal para el retiro sería a los 67 años.

 

No obstante, fuentes próximas al Gobierno apuntaron que la 'letra pequeña' de la aplicación progresiva de la demora aún podría variar a criterio del presidente.

 

El documento del Ejecutivo recoge otras propuestas, pero las deja abiertas a la negociación, sin concretar. Por ejemplo, insta a los interlocutores políticos y sociales a reflexionar sobre la ampliación del periodo de cálculo para el establecimiento de la cuantía de las pensiones, situado en la actualidad en los últimos 15 años de la vida laboral, así como sobre el mínimo de años cotizados para tener derecho a una prestación contributiva, exigencia situada también en 15 años. E insiste en la conveniencia de adaptar la viudedad a los actuales modelos de familia (monoparentales, divorcios, etc.) dado que esta renta de sustitución se ha convertido en muchos casos en un ingreso complementario puesto que la incorporación de la mujer al mercado laboral en los últimos tiempos ha sido muy importante. Los primeros cálculos aproximan el ahorro por cada año que se retrase la edad de jubilación en 0,5 puntos del PIB. Es decir, se trata del mejor cambio financiero que se puede llevar a cabo en la Seguridad Social para consagrar la viabilidad del sistema en el corto y medio plazo.

Actuación de largo recorrido

El propio ministro de Trabajo, consciente de su situación, ya reconoció ayer, en Bruselas, la necesidad española de acometer el retraso de la edad de jubilación e, incluso, matizó que no sería una actuación inmediata, sino de largo recorrido. Recordó que el tratamiento de las pensiones públicas es competencia de cada Estado miembro de la Unión Europea, a la vez que dio la pista de que se trata de "un debate que se abrirá ahora en el marco del Pacto de Toledo". El mensaje de Economía en los últimos tiempos ha sido proclive a permanecer más tiempo en el trabajo.

 

Para el Gobierno, es imprescindible que la sociedad tenga claro que los cambios solo afectarán a los futuros pensionistas. Los derechos adquiridos por los actuales no experimentarán la más mínima modificación. Una vez diseñada su propuesta y aprobada por el Consejo de Ministros, el siguiente paso es convencer al resto de interlocutores, sobre todo a los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que siempre han entendido que alargar la vida laboral era un recorte de los derechos de los trabajadores. La patronal, en cambio, será más receptiva al planteamiento de Zapatero, según ha indicado el presidente de la propia CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.

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