El aeropuerto de Barajas sufrió el primer día del año las consecuencias de la protesta de los controladores, que presionan para mejorar su posición en la negociación de un nuevo convenio colectivo. Durante la mañana, la ausencia de 5 de los 18 profesionales que tenían que cumplir jornada en la torre de control del aeródromo madrileño obligó al cierre de dos de las cuatro pistas, y comenzaron a acumularse grandes retrasos.

Aunque el 1 de enero es una jornada de menor tráfico -los vuelos programados eran 863, frente a los 1.200 que se operan habitualmente- las demoras fueron generalizadas. Por la tarde, ya con la totalidad de las pistas operativas, algunas compañías denunciaron que estaban sufriendo esperas superiores a una hora -ya con los pasajeros embarcados- antes de que se les diera la salida.

Los controladores, representados por USCA, su sindicato mayoritario, han cerrado muchos acuerdos con Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) en los últimos cinco años, ya con el anterior convenio caducado. USCA ha señalado que si se tocan algunos de ellos como los relativos a descansos, régimen disciplinario, vacaciones o planes de pensiones, lo interpretará como una "declaración de guerra" y obrará en consecuencia.

Pero esta vez se enfrentan a una posición firme. Incluso el presidente del Gobierno ha reiterado el propósito de modernizar el sistema de gestión aérea para que AENA sea más competitiva. Por eso, en la negociación del nuevo convenio el Estado se propone, sólo en 2010, soltar un lastre de 200 millones en el coste salarial de los controladores, equivalente a una rebaja del 20%. Y por añadidura quiere introducir una rebaja de 300 millones adicionales en los siguientes tres años.

Un portavoz de USCA ha asegurado que los controladores no se están negando por sistema a realizar horas extras, pero están muy molestos por las declaraciones realizadas sobre este colectivo y se muestran poco dispuestos a colaborar de forma voluntaria con quienes les han criticado con dureza.