El próximo mes de diciembre expira la prórroga de veinte años concedida en 1994 para prolongar los contratos de renta antigua de los locales comerciales. O lo que es lo mismo, las tiendas tradicionales beneficiadas por este régimen de alquiler se enfrentan a un nuevo reto económico en estos tiempos de crisis y caída del consumo.

La actualización de los alquileres afectados -los que están a nombre de personas jurídicas, no así las físicas-, que hasta la fecha pagaban cantidades muy por debajo de mercado, puede ser la puntilla para muchos comerciantes, principalmente de las zonas más céntricas y concurridas de las ciudades aragonesas, ya que tan solo se han ido actualizando anualmente con el incremento del IPC.

Sin embargo, la propia crisis puede jugar en su favor. La caída de los precios del alquiler en todo el sector inmobiliario, y una menor demanda de inversores y emprendedores puede obligar a ambas partes, inquilinos y propietarios, a llegar a un acuerdo. Los primeros, para no perder una ubicación privilegiada, y los segundos para conservar a pagadores seguros y conocidos desde hace años.

De hecho, ya se están firmando los primeros contratos de renovación, que implican un incremento del precio, pero no lo suficiente como para ahuyentar a los comerciantes, en muchos casos negocios familiares desde hace varias generaciones.

Como explica Fernando Baena, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón y Soria, "lo normal es que se lleguen a acuerdos razonables", ya que la crisis y los años transcurridos "han reducido la distancia" entre lo que se pagaba y el valor actual. "En 2005 podían pagar 1.000 euros al mes, cuando el vecino pagaba 5.000, pero ahora no hay tanta diferencia, por lo que va a ser menos traumático de lo esperado", asegura.

Aunque no todo está siendo un camino de rosas. Javier Arias, abogado responsable de la Asociación de Arrendatarios e Inquilinos de Aragón, Consumidores y Usuarios (AIACU) asegura que ya ha recibido casos de acoso por parte de los propietarios.

Es lo que está sucediendo en un bar de la localidad de Ejea de los Caballeros, donde "los dueños están intentando echar a los inquilinos". En este caso, el conflicto viene de lejos, con juicio de por medio incluido. Finalmente ganó el litigio la familia que regenta el establecimiento, "pero ahora los propietario se agarran al fin de la prórroga para desalojarlos", explica Arias.

En esta ocasión, el abogado recomienda "hacer un traspaso del negocio", ya que considera que "según la ley, de esta forma se prolongaría la renta antigua otros diez años". El 30% de los casos que recibió AIACU en 2013 tuvieron que ver con alquileres de renta antigua, lo que pone de manifiesto la conflictividad de este tipo de contratos.

Sin embargo, también maneja casos de acuerdos amistosos, como el de un pequeño comercio de la calle Don Jaime de Zaragoza. "La mujer que lleva el negocio heredó la renta antigua de su madre. Ahora el propietario va a incrementarle el alquiler, pero no mucho para no perderla porque sabe que es buena clienta", relata Arias.

Incertidumbre

Aún así, el sentimiento de incertidumbre se ha instalado en el sector comercial aragonés. "Algunos propietarios optarán por rescindir el contrato con lo cual el local se quedará vacío y expedito para otra actividad o forzarán una subida de precio de la renta a lo que algunos inquilinos no podrán hacer frente", reconoce José Antonio Pueyo, presidente de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios (ECOS).

Aunque "en otros casos sí hemos detectado voluntad entre las partes para llegar a un equilibrio satisfactorio", asegura el representante de los comerciantes en Zaragoza, donde el 70% de estos negocios están en régimen de alquiler.

A su juicio, el IBI "está haciendo que los propietarios saquen sus locales al mercado de alquiler" ya que en estos momentos "es inasumible tener un local cerrado y tener que pagar un impuesto elevado sin ingresos por arrendamientos".

En cualquier caso, desde ECOS reconocen que la supresión de la prórroga forzosa a final de año "va a suponer la inviabilidad de ciertos establecimientos que debido a su antigüedad subsistían gracias a unas bajas rentas por alquiler". Por ello, "la ley debería haber puesto como prioridad el mantenimiento de los puestos de trabajo compensando fiscalmente a propietarios y empleadores", concluye Pueyo.