Vía libre para renegociar la deuda de las familias

Los grupos políticos del Congreso de los Diputados han acordado que el Gobierno presente un informe con soluciones extrajudiciales para que las familias con problemas de sobreendeudamiento puedan renegociar sus deudas y eviten entrar en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobó este miércoles, con la abstención del PP, la reforma de la Ley Concursal, en la que se ha introducido una disposición adicional para que el Ejecutivo informe en seis meses sobre el resultado de las medidas tomadas para paliar los problemas de las familias que no pueden pagar sus hipotecas.

Ese informe deberá incluir posibles medidas para completar «la protección económica y social de consumidores y familias», como medidas extrajudiciales que favorezcan la renegociación de deudas a través de mediadores o de pactos notariales.

La nueva disposición adicional trata de contentar a grupos como CiU o ERC-IU-ICV, que exigían que la reforma de la Ley Concursal incluyera medidas para resolver los problemas de sobreendeudamiento de las familias, que casi nunca consiguen pactar un plan de pagos con sus acreedores cuando se acogen a un proceso de insolvencia.

El proyecto de ley que reforma la Ley Concursal, que será remitido ahora al Senado, ha sido modificado para que los concursos de acreedores sean gestionados con carácter general por un único administrador nombrado judicialmente, en vez de los tres actuales. El grupo socialista, que era el que proponía este cambio, ha aceptado a petición del PP que en los concursos de especial trascendencia se nombre además a otro administrador concursal en representación del acreedor principal, incluso si se trata de trabajadores de la empresa.

Esa modificación no impidió que el portavoz del PP en la Comisión de Justicia, Federico Trillo, criticara que el nombramiento de un administrador único -que podrá ser una empresa de servicios profesionales- solo persigue favorecer en su opinión a las grandes firmas internacionales del sector (entre las que destacan PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG y Ernst & Young). Esas y otras críticas a la reforma de la Ley Concursal han llevado al PP a ser el único grupo que se abstuvo.