PERFIL

Un liberal de libro con vocación por los pactos

Seguidor de los padres del liberalismo, el catalán Rosell siempre ha demostrado su habilidad por alcanzar acuerdos. Gestor de una empresa juguetera, mantiene muy buena relación con los poderes económicos de Madrid.

EL nuevo presidente de la CEOE, Juan Rosell Lastortras (53 años), es un liberal económico clásico con gran vocación por llegar a pactos y acuerdos tal y como ha demostrado durante su presidencia en la patronal catalana Fomento del Trabajo.


De joven era un seguidor de los padres del liberalismo, así como de Friedrich August von Hayek, el economista austríaco que dedicó su vida a desmontar las tesis de Keynes, mucho más intervencionista en lo económico.


Rosell ha pasado de pequeño empresario, gestiona la empresa juguetera Congost, a ser uno de los miembros más relevantes de la denominada sociedad civil catalana, con puestos en el consejo de Criteria, el holding de participadas de La Caixa, y una de las personas cercanas al presidente de esta caja de ahorros, Isidre Fainé. Su habilidad para el pacto y el acuerdo ya se ha mostrado en la campaña para la CEOE, basada muy poco en la confrontación y a la que deliberadamente ha dado un perfil bajo, mientras buscaba acuerdos con asociaciones como la madrilena CEIM.


Históricamente Rosell ha mantenido muy buenas relaciones con los poderes económicos de Madrid y así ocupó la presidencia de Fecsa-Enher cuando esta compañía era la filial catalana de Endesa. En 2007 publicó un primer libro, titulado "¿Y después del petróleo, qué?", en el que se definía como un experto en el sector energético preocupado por las garantías de suministro.


Llegó a la presidencia de Fomento del Trabajo por casualidad, en 1995, cuando murió Antoni Algueró, que ocupaba el cargo y él fue elegido como sucesor.


Su presidencia en Fomento no ha estado exenta de roces con la CEOE y siempre ha abogado por un programa de modernización de la patronal, basado en desvincular la organización empresarial de los partidos políticos, dotarla de más independencia, reducir procedimientos burocráticos y aplicar las normas de buen gobierno de las compañías cotizadas en bolsa.