El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, propone que los parados dispongan de un plazo de 30 días a partir del cual, si rechazan una oferta de formación o una propuesta de empleo, perderán el derecho a la prestación económica. El decreto de reforma laboral extiende ese periodo a 100 días, pero una enmienda socialista, a debate mañana en el Senado, establece que la exigencia de participar en cursos se aplique desde el primer día, tras la inscripción en los servicios públicos de empleo.

El planteamiento de Corbacho sugiere que el grupo socialista podría recabar apoyos en la cámara alta para sacar adelante su enmienda suavizada. El ministro justificó el sentido del cambio en declaraciones a la cadena SER, “Nos parece normal que una persona que pierde el empleo pueda necesitar 30 días para reorientarse, pero, lógicamente, después de esos 30 días tiene que estar en disposición de participar en cursos de formación y de aceptar ofertas de trabajo”, dijo. Si no lo hace, “está en su perfecto derecho -reconoció-, pero eso es incompatible con la prestación por desempleo”, precisó.

No obstante, el responsable de Trabajo rechazó que esta modificación conlleve la sospecha de que los parados no quieren trabajar. Los motivos son otros, a su juicio. “Una persona desempleada tiene que reciclarse y con este fin los servicios públicos de empleo y, en el futuro, las agencias privadas de colocación, tendrán que desempeñar un papel más activo”, zanjó.

Críticas sindicales

Los sindicatos no tienen la misma percepción y acusan al Gobierno de aplicar “una política persecutoria a los perceptores de las prestaciones” al dar por hecho que sistemáticamente se niegan a aceptar las acciones de formación que se les ofertan.

Para Ramón Górriz, secretario de acción sindical de CC. OO., “cada día que habla Corbacho existen más razones para la huelga del 29 de septiembre”, porque el Gobierno, en lugar de buscar soluciones, se dedica a “criminalizar a los parados”.

Górriz recordó además que la reforma laboral hace el despido “más fácil, rápido y barato” y, en este sentido, advirtió de que las empresas podrían recurrir a la ‘contabilidad creativa’ para cumplir con la nueva definición de las causas objetivas de despido y echar así a la calle a los trabajadores con una indemnización de 20 días por año. “El Gobierno haría bien en retirar la reforma. Con la huelga, queremos pararle los pies”, concluyó.

UGT critica con dureza los vaivenes del Ejecutivo y lo que considera su visión desenfocada del problema del desempleo. Recuerda que, mientras en el resto de Europa el 29,5% de las inversiones en políticas activas de empleo van a mejorar los servicios para facilitar la consecución de un puesto de trabajo, en España a ese fin se dedica solo el 16,5%. Por el contrario, el 29,7% del total está dirigido a proporcionar subvenciones a las empresas, denuncia.

Las centrales suman estos días otras causas de fricción con el Gobierno. Entre ellas, la limitación del colectivo de desempleados que, una vez agotadas prestaciones y subsidios, puede solicitar la ayuda de 426 euros mensuales por un plazo máximo de medio año. En la nueva aplicación de este auxilio quedan fuera los parados con edades comprendidas entre 30 y 45 años que no tienen responsabilidades familiares.

Las razones del ministro

Corbacho, en sus manifestaciones, justificó el reajuste, y se declaró partidario de, en el futuro, reorientar esta ayuda y otras de la misma naturaleza para convertirlas en “rentas de acompañamiento”. “Que la persona, mientras la perciba, tenga que hacer una actividad, y la complemente con formación”, concluyó. Los sindicatos, enfrentados a estas políticas, censuran que, mientras se canalizan millones de euros para sacar adelante al sector financiero, se recorten los 426 euros al colectivo más vulnerable.

El ministro de Trabajo ha explicado que se siente “cómodo” con las causas objetivas de despido tal como quedaron expresadas en el texto que aprobó el Congreso de los Diputados, y expresó su deseo de que no sufran modificaciones en lo que resta de tramitación parlamentaria de la ley de reforma laboral. En su opinión, se ha alcanzado un punto de equilibrio entre los intereses de las empresas y de los trabajadores. Y destacó la importancia de la tutela del juez, “que es el que tiene que verificar que efectivamente las causas objetivas de despido que dice la ley se dan”, para que lo que se produzca “no sea un abaratamiento puro y duro”.