El Gobierno admite que su propuesta de reforma de pensiones que prevé la prolongación de la edad de jubilación a los 67 años y que actualmente debate el Pacto de Toledo pueda ser modificada por los grupos parlamentarios, al tiempo que confía en que las recomendaciones finales estén listas en dos meses.

Así lo aseguró el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, al término de su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo, donde explicó la suspensión de la revalorización de las pensiones contributivas en 2011.

Corbacho dijo que el Gobierno es consciente de que, cuando envía un documento con propuestas para someterse a análisis, "puede sufrir modificaciones" y aseguró que considerará más las recomendaciones "por consenso y acuerdo" que emita la Comisión del Pacto de Toledo que el mantenimiento de los planteamientos que propone el Ejecutivo.

No obstante, dijo que confía en que las propuestas de esta comisión "no desnaturalicen" demasiado el documento del Gobierno y "no signifiquen renunciar absolutamente a todas las materias que plantea como necesarias" para garantizar la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social a largo plazo.

Durante su comparecencia, Corbacho abogó por "no demorar en exceso" una reforma de las pensiones y pidió a los grupos parlamentarios que adopten sus recomendaciones en un "medio plazo".

Reiteró el "estado de buena salud financiera" y dijo que confía en "las buenas conclusiones" del Pacto de Toledo para promover reformas "paulatinas y progresivas". "Lo que decida la comisión del Pacto de Toledo para orientar la reforma de las pensiones serán sin duda las decisiones que el Gobierno llevará a término", aseveró.

El ministro reiteró que la suspensión de la revalorización de las pensiones para 2011 responde a la necesidad de acelerar la reducción del déficit público y reducir el gasto y añadió que es una medida "puntual". Además, aseguró que, cuando España salga de este "bache", el déficit se haya corregido y la economía inicie una senda de crecimiento, "el Gobierno sabrá adoptar medidas para compensar aquellas que tuvo que ajustar en el momento de coyuntura".

Recordó que el poder adquisitivo de los pensionistas en 2010 está "plenamente garantizado", porque las prestaciones de este año sí se revalorizarán y, en este sentido, dijo que la Seguridad Social compensará esa desviación con una paga extra en enero de 2011. Corbacho incidió en que el año que viene se revalorizarán más de 3 millones de pensiones, "más del 35% del total", y especificó que estas serán las más bajas, como las mínimas y las no contributivas.

Aseguró que en 2009 los pensionistas tuvieron una ganancia neta del 1,7%, con carácter general, y que fue "muy superior en el caso de las pensiones mínimas".

Crítica generalizada

El portavoz del PP en esta comisión, Tomás Burgos, aseguró que el Pacto de Toledo "tiene las constantes vitales muy deterioradas" y criticó que el Gobierno lo "incumpla" y "violente" con una congelación de las pensiones.

El diputado de IU, Gaspar Llamazares, recordó que el Gobierno ha efectuado dos recortes en materia social, el coste del despido y el de las pensiones, que afectan a "dos salarios directos de los trabajadores y que no son propiedad del Gobierno".

El diputado del PNV Emilio Olabarría dijo que las pensiones no son propiedad del Gobierno, sino de los trabajadores, y acusó al Ejecutivo de vulnerar el derecho a la propiedad privada y que se trata de una medida inconstitucional, ya que las pensiones emanan de las cotizaciones que pagan los ciudadanos que trabajan.

El diputado de CiU Carles Campuzano criticó que la congelación de las pensiones junto con otras medidas, como la aplicación de la subida del IVA a partir de julio, hará que los pensionistas sean "más pobres".

La diputada del PSOE Isabel López i Chamosa acusó a los grupos parlamentarios de "no poner alternativas" para evitar que la edad de jubilación se prolongue a los 67 años y reiteró que el PSOE mantendrá la protección social.