Los millonarios blindajes cobrados por ejecutivos salientes de Novacaixagalicia, junto a los percibidos o asignados a ex dirigentes de la alicantina CAM pocos días antes de su intervención por el Banco de España, han desatado una tormenta política en torno a la actuación del gobernador. En Miguel Fernández Ordóñez se han cebado la mayoría de las críticas, con acusaciones de inoperancia y desconocimiento. Sindicalistas y políticos de izquierda han pedido su dimisión, y la secretaria general del PP, Soraya Sáez de Santamaría, ha aprovechado para anunciar el propósito de su partido de llevar a cabo una profunda reforma del instituto emisor si gana las elecciones del 20-N.

Las indemnizaciones y pensiones, práctica generalizada en la banca cuando se produce un relevo de equipos, coinciden en estos casos con cajas necesitadas de una elevada inyección de capital público. En el proceso de recapitalización, Novacaixagalicia -que ha pagado unos 40 millones a diez ex directivos- ha visto reducido su valor a 181 millones, y recibirá 2.465 millones de dinero público para seguir funcionando. Y la CAM -donde jubilados de oro ya han cobrado un total de 13 millones- todavía va a costar fondos públicos adicionales tras su saneamiento, porque el Banco de España ve cada vez más problemático que alguien pague por ella en una subasta 'competitiva'.

Políticos de todo signo ya usan las operaciones de rescate de las cajas como arma arrojadiza. Soraya Sáez de Santamaría, secretaria general del PP, ha retado a Fernández Ordóñez a explicar si conocía las indemnizaciones de Novacaixagalicia y CAM y, si tuvo noticia de ellas, a justificar por qué no las paró. Añadió que el ministerio de Economía y el instituto emisor "no pueden limitarse a ser meros comentaristas" de la situación e insistió en que el Banco de España debe buscar, junto con el ministerio de Economía, los mecanismos para que las indemnizaciones multimillonarias o no se cobren o se restituyan, según los casos.

La dirigente popular anunció que, si su partido gana las elecciones, promoverá una "profunda reforma" del Banco de España, con cambios que centren el control allí donde se aportan recursos públicos, e impidan el cobro de "inadmisibles" remuneraciones.

El instituto emisor goza de un régimen de autonomía por el que ningún gobierno le puede dar instrucciones, y acometer su reforma es una tarea de calado. Con todo, un Ejecutivo popular tendrá ocasión de influir cuando se produzca el relevo del gobernador, porque el mandato de Miguel Fernández Ordóñez vence a mediados del próximo año. Precisamente Sáez de Santamaría criticó su trayectoria, al recordar que había pasado de secretario de estado de Economía a supervisor bancario. "No es razonable", apostilló.

Saber o no saber

Desde las filas socialistas, el candidato Alfredo Rubalcaba respondió a la dirigente popular que el Banco de España no necesita una "gran reforma" porque, para evitar los excesos de algunos directivos sería suficiente con que Génova pidiera a los presidentes populares que cumplan su tarea y mantengan esa «eficaz supervisión» sobre las entidades de ahorros que ahora se reclama, puesto que «la tutela financiera» de las cajas es de su competencia. Rubalcaba insistió en que las indemnizaciones multimillonarias le parecen una "obscenidad", y añadió que el Banco de España debe controlarlas.

Mar Barcón, la consejera de Novacaixagalicia que acaba de presentar su renuncia, ha declarado que si bien el gobernador "puede no estar al corriente de este tipo de cosas, los contratos e indemnizaciones fueron depositados en el Banco de España" porque es preceptivo y, por tanto, "eran conocidos". El instituto emisor insiste en que no tiene competencias para decidir sobre las indemnizaciones de altos directivos de las entidades a las que supervisa, en tanto no afecten a su solvencia.