Qué mejor manera de impulsar la innovación entre las empresas españolas y el tan ansiado cambio de modelo productivo que garantizando que la Administración comprará desarrollos 'made in Spain'. Eso es lo que ha logrado la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia. El Ejecutivo ha obligado a que todos los ministerios y sus organismos públicos se vuelquen en la llamada Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTi). El objetivo es que este sistema cope el 3% del Presupuesto de la Administración General del Estado en el año 2013.

El acuerdo, cerrado recientemente y que se engloba en la denominada Estrategia Estatal de Innovación (e2i), servirá para potenciar nuevos mercados desde el lado de la demanda y mejorar el funcionamiento de la Administración.

La propia Garmendia se felicita de que «esta iniciativa, que es pionera en toda Europa, ha suscitado mucho interés en la Comision Europea». La ministra explica que España, durante su presidencia europea en el primer semestre de 2010, logró convencer al resto de socios para impulsar una estrategia común de innovación. Se consiguió, y en ella se introdujo la compra pública en la que ahora España, como promotora de la idea, ha dado el primer paso.

Juan Tomás Hernani, secretario general de Innovación, destaca la idea de poner en contacto oferta y demanda, y asegura que el programa «es mucho más eficaz que cualquier ayuda». A su juicio, iniciativas como esta son tremendamente eficaces ya que «suponen una política de mancha de aceite»

El programa permitirá impulsar la internacionalización de las empresas que apuesten por la innovación, que usarían el sector público como trampolín y referencia frente a otros mercados. El pasado año, la adquisición pública ligada a la innovación alcanzó apenas los 1.262 millones de euros. Esa cifra supone apenas un 0,68% del presupuesto de gasto, con lo que la iniciativa pretende multiplicar por más de cuatro la partida.

La contratación por parte de los órganos públicos (más fácil desde la aprobación de la Ley de Economía Sostenible y la modificación de la Ley de Contratos del Estado) podrá ser dual. Por un lado, cabe la compra precomercial, en la que el adquiriente no se reserva los resultados del proyecto en exclusiva, sino compartiendo el riesgo y los beneficios de esas soluciones que -y esto es esencial- aún no existen en el mercado. También cabrá la CPTi tradicional, en la que lo que se compra es un producto que requiere el desarrollo de una tecnología nueva o mejorada.

Para facilitar el desarrollo del programa, puesto que muchos organismos públicos pudieran ser hasta recelosos de las posibilidades que les ofrece la CPTi por puro desconocimiento, Ciencia e Innovación y el Ministerio de Economía publicarán una guía específica que les ayude a entender la idea y sus beneficios.

El documento aclarará cómo organizar una licitación de manera que se incentive la presentación de ofertas que incorporen soluciones innovadoras. Con ella, Garmendia busca superar las dudas en la tramitación, compartir conocimientos y soluciones técnicas, mejorar los pliegos y fomentar las buenas prácticas entre los compradores de los sectores público y privado.

También habrá ayudas a la financiación como apoyo a la oferta tecnológica que concurra a los procesos de CPTi. En este caso serán fondos provenientes del Ministerio de Ciencia e Innovación, que articulará el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI). Según Ciencia e Innovación, el CDTI financiará a las empresas el coste de la innovación, para que al organismo público le cueste lo mismo que si comprara tecnología ya desarrollada.