La crisis financiera de Irlanda ha reavivado las alarmas. Como fichas de dominó, bajo la presión de los mercados y de los inversores especulativos pueden caer, después de Grecia, otros países periféricos, y España no está completamente a salvo. Ni el presidente del Gobierno ni la ministra de Economía, Elena Salgado, olvidan la pesadilla del 9 de mayo pasado, cuando tuvieron que decidir, casi sobre la marcha, un nuevo y más drástico programa de ajuste para evitar que el riesgo país escalara cotas que hicieran imposible la financiación de la deuda.

Para apaciguar a los mercados, José Luis Rodríguez Zapatero acaba de relanzar su programa de reformas y encomendado al número dos del Ejecutivo, Alfredo Pérez Rubalcaba, la coordinación necesaria para su aplicación. Muchas medidas anunciadas son de consumo interno: créditos ICO a la innovación, libertad de amortización para las empresas, atención personalizada a los escolares. Pero a los analistas no les pasa desapercibido que la marcha de unas pocas de estas propuestas les va a servir para tomar el pulso a la voluntad reformadora del Ejecutivo. Entre ellas se encuentran iniciativas en las que los miembros del Gabinete han incurrido en numerosas contradicciones.

1 Sistema financiero: cajas que son bancos. Las reformas de este sector han sido las únicas que han salido adelante con acuerdo entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Tras superar con nota la fase más aguda de la crisis financiera -que se llevó por delante a decenas de grandes bancos de otros países-, la recesión económica y la indigestión del inmobiliario sacaron a la luz las debilidades de las entidades españolas. El 'colchón' de provisiones constituido en épocas de bonanza se agota y la morosidad sigue creciendo pese a los bajos tipos de interés. Las cajas de ahorros, que ya pueden incorporar capital privado, necesitan ganar tamaño y solvencia. Para ello han emprendido una carrera de fusiones y muchas van a colocar un banco en la cúpula. El Banco de España ha dado un ultimátum para acelerar el proceso. Las ayudas del FROB y el efecto de las fusiones arreglarán balances y cuentas de los años 2010 y 2011. La prueba de fuego llegará en 2012, si la salida de la crisis es tan lenta como se pronostica, cuando, en un sector ferozmente competitivo, tengan que devolver el dinero prestado.

2 Planificación energética: un acuerdo de mínimos. Una subcomisión constituida en el Congreso de los Diputados, por la que han desfilado durante meses decenas de personas relacionadas con el sector, acaba de pactar un documento bastante genérico con el voto en contra de IU y la abstención del PP, partido que no ha visto reflejada su posición favorable a la energía nuclear. Alcanzado a medias este objetivo, el Gobierno ha encarado por fin los abultados 'números rojos' de la generación eléctrica. Para achicarlos, acaba de aprobar un recorte en las primas de las nuevas instalaciones de energía fotovoltaica, y también se propone rebajar las subvenciones a la eólica y termosolar. Las renovables supondrán el 20,8% de la energía final en 2020, pero las cuentas públicas no podían soportar el ritmo galopante de las ayudas. Se ha dado el primer paso, y queda mucho camino por recorrer, porque el déficit tarifario acumulado -diferencia entre los costes de generación reconocidos y los ingresos aportados por la tarifa- supera los 16.000 millones de euros y crece a pasos de gigante.

3 Reforma de las pensiones: la contradicción. La comisión parlamentaria de seguimiento del Pacto de Toledo lleva dos años trabajando en un conjunto de propuestas para garantizar la viabilidad futura de las pensiones públicas. El Gobierno le aportó la suya en febrero, pero esta reforma, por la que claman desde el Banco de España a las instituciones internacionales, se afronta con criterios muy distintos desde los ministerios de Economía y Trabajo. Así se explican la corrección de los documentos remitidos a Bruselas y las declaraciones contradictorias sobre la prolongación de la vida laboral hasta los 67 años, la extensión del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión o la exigencia de mayores plazos para el cobro de la prestación máxima. Han pasado nueve meses y si el presidente del Ejecutivo asegura que "no habrá marcha atrás" en el objetivo de la reforma, el ministro Gómez calcula que el proyecto de ley podría llegar al Congreso en la próxima primavera. Desde CC. OO., su secretario general ha expresado en público lo que muchos piensan en privado. A partir de mayo de 2011, la sucesión de citas electorales hará imposible que prospere el consenso.

4 El nuevo despido: más o menos empleo fijo. La reforma laboral, con los cambios que implica en el despido objetivo -como la polémica mención a la "previsión de pérdidas" que aparece entre sus causas -, no ha producido efectos visibles en el mercado de trabajo. Todavía es pronto, pero el Gobierno ya reconoce que el empleo se va a recuperar muy lentamente, y que la alta temporalidad va a seguir presente durante mucho tiempo. Por eso, los defensores de la reforma aguardan con expectación si los desarrollos de la norma suavizarán sus efectos o si, por el contrario, el Ejecutivo mantendrá el pulso con los sindicatos.

5 Diálogo social: de puertas adentro. Que las relaciones del Gobierno con los agentes sociales sean buenas o regulares, a los mercados y las instituciones internacionales les importa lo justo. Les preocupa, eso sí, que las protestas puedan causar una paralización de la actividad, pero en tanto no se llegue a esos extremos, la tensión entre el Ejecutivo y los sindicatos se valora en ocasiones como un elemento de firmeza. Zapatero ha puesto la fecha límite del 20 de marzo para que las partes alcancen un entendimiento.

6 Gasto autonómico: más transparencia. Cinco autonomías -Baleares, La Rioja, Asturias, Aragón y Extremadura- no dan información pública alguna sobre su ejecución presupuestaria y otras muchas proporcionan datos insuficientes. Economía va a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para plantear una mejora de la transparencia y el rendimiento de cuentas una vez al mes. El Gobierno entiende que los mercados penalizan la ocultación, y prestarán más credibilidad a sus compromisos de reducción del déficit si logran la colaboración de los entes territoriales.

7 Empleados públicos: mejora de la productividad. El anuncio del Gobierno de que el sueldo de los empleados públicos se vinculará a su productividad sonó como un mensaje dirigido al exterior. Esa opción ya existe, porque se incluyó en el Estatuto Básico del Empleado Público, pero no se aplica. Los sindicatos aseguran que nunca ha habido interés, ni tampoco dinero. Y ahora les parece un sarcasmo que el Ejecutivo sugiera su entrada en vigor, cuando se ha saltado el resto de los compromisos adquiridos y les ha recortado el sueldo.