Salgado defiende que la unión de los fondos de garantía "beneficia a todos"

La vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, ha defendido que la unificación de los fondos de garantía de depósitos de bancos, cajas y cooperativas "beneficia a todos", pues mejora la solvencia del conjunto del sistema financiero sin que suponga coste alguno para los contribuyentes.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que aprobó el Real Decreto-Ley para que el sector financiero apeche con los costes del saneamiento en vez de que cargarlos al déficit público, Salgado intentó calmar a los bancos al rechazar la necesidad de que se engrose el patrimonio del nuevo instrumento o de que se igualen las aportaciones de bancos y cajas.

Entre los beneficios de la medida, Salgado destacó que el sistema financiero es sistémico y la unificación de los fondos "no solo beneficia al subsector de las cajas de ahorros, sino al conjunto del sector financiero y a la economía de este país".

Los bancos se han venido quejando de que deberán afrontar el coste del saneamiento de las cajas de ahorros cuando llevaban años advirtiendo de su delicada situación.

El patrimonio del fondo unificado, que ascenderá a 6.593 millones de euros, proviene sobre todo de los bancos, que aportan 3.412 millones, frente a los 2.380 millones de las cajas y los 801 millones de las cooperativas de crédito.

De momento, ese patrimonio es suficiente para hacer frente a las primeras pérdidas que afrontará previsiblemente el Estado con el proceso de venta de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), por lo que Salgado descartó que el nuevo fondo tenga que recibir recursos extraordinarios.

Para calmar a los bancos, el Gobierno ha decidido no variar ningún otro aspecto del funcionamiento del fondo de garantía de depósitos, como las aportaciones que actualmente hacen cajas y bancos, que tienen coeficientes distintos (el 1 por 1.000 en el caso de las cajas frente al 0,6 por 1.000 de los bancos).

El socio responsable del Sector Financiero de KPMG en España, Francisco Uría, ha reconocido este viernes que la medida "lleva aparejada una cierta retroactividad al posibilitar que fondos inicialmente constituidos para garantizar los depósitos realizados en bancos y cooperativas de crédito puedan ser utilizados en relación con procesos que afecten a las cajas de ahorros".

"Este aspecto de la reforma es mucho más complejo desde un punto de vista jurídico y habrá de analizarse cómo se establece el régimen transitorio de la norma y, sobre todo, el modo, la cuantía y los plazos en que deban realizarse las futuras aportaciones por las distintas entidades", añadió Uría.

Los sindicatos, sin embargo, aplaudieron la medida, que a juicio del secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, "tiene una orientación correcta", pues "el dinero de los ciudadanos no puede servir para capitalizar entidades de carácter privado y entidades que han sido expuestas por sus ejecutivos a una política errónea, en la que se han asumido graves riesgos".

En la rueda de prensa, Salgado insistió en que el Real Decreto-Ley "refuerza" las funciones que hasta ahora tenían los diferentes fondos de garantía, entre las que destaca el deber de cubrir un posible impago de los depósitos de los clientes con un máximo de 100.000 euros por usuario y entidad.

A su juicio, también se impulsa que el nuevo instrumento pueda adoptar "las medidas necesarias para reforzar la solvencia y el funcionamiento de las entidades en dificultades", ya que en ocasiones puede resultar más ventajoso acudir en ayuda de una entidad con problemas que atender la devolución de todos sus depósitos.

En un comunicado, el Ministerio de Economía y Hacienda señaló que el Real Decreto-Ley "constituye un nuevo hito en la revisión de la regulación del sistema español de garantía de depósitos y adapta este sistema al resultado de la reestructuración del sector financiero español, la más importante de nuestra historia democrática".

Esa reestructuración ha afectado sobre todo a las cajas de ahorros, que han pasado de ser 45 a 15 en el último año.