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Economía
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MAPA FINANCIERO

PSOE y PP pasan de puntillas por el proceso de bancarización de las cajas en Aragón

Los principales partidos políticos en Aragón valoran como afectará a las cajas la nueva reforma del Gobierno -con los ratios de capital que les fijará- que supondrá la bancarización de muchas de ellas.

Con interés en que el Gobierno ultime cuanto antes la reforma de las cajas de ahorro -que inició en mayo de 2010 a través de los SIP o sistema de 'fusiones virtuales' y continuó este enero al anunciar nuevas exigencias de capital básico- las entidades financieras aragonesas esperan ver cómo se concreta todo. Una vez conozcan la letra pequeña sabrán si pueden o no mantener su naturaleza jurídica o si se verán obligadas a transformarse en bancos; si deberán constreñir su actividad a su territorio o no; y sobre todo si están suficientemente capitalizadas, algo determinante para poder decidir su futuro.

Con bastantes dudas ante una reestructuración de las cajas de ahorro, hecha a golpe de decreto y al dictado de los mercados y que pocos saben en qué acabará, el PSOE y el Partido Popular en Aragón prefieren pasar de puntillas sobre el tema sin entrar demasiado al trapo de lo que supondría la pérdida del modelo de cajas para el desarrollo de Aragón. El PSOE insiste en que todo está abierto y que «la posibilidad de bancarización parcial o total de las cajas no es una obligación sino una elección». Mientras tanto, el PP, que dio su apoyo a la reforma, si bien reconoce que «no ha sido impulsada ni aplicada debidamente ni por el Gobierno ni por el órgano regulador y que sus resultados no han sido los esperados», prefiere esperar a conocer en profundidad la nueva reforma antes de emitir una opinión sobre el tema.

Por su parte, el PAR se muestra convencido de que este proceso de bancarización de las cajas no beneficia a Aragón. Y por último, tanto IU como CHA acusan al equipo de Gobierno autonómico -PSOE y PAR- con el beneplácito del PP, de ser cómplices de esta reforma que pone en riesgo los valores de desarrollo regional, inclusión financiera y obra social, que son la esencia de las cajas de ahorro aragonesas.

En la valoración de lo que puede suponer esta reforma para las cajas aragonesas han participado los líderes de todos los partidos políticos en la comunidad excepto el presidente del Gobierno aragonés, Marcelino Iglesias, que declinó hacerlo y pasó el testigo a su consejero de Economía, Alberto Larraz.

El PSOE, tranquilo

Larraz defiende que la reforma planteada por el Gobierno ofrece hasta cuatro alternativas a las cajas: mantener su condición de caja como hasta ahora, con el nuevo régimen de cuotas participativas; integrarse también en un grupo (SIP) teniendo como cabecera un banco controlado por el grupo; renunciar a su naturaleza y transformarse en una fundación, cuya actividad se centra en la obra social y que es titular de un banco al que cede su negocio; y, por último, traspasar todo su negocio a un banco a través del que ejerce su actividad, permaneciendo la obra social en la caja».

En opinión del consejero de Economía, «las cifras de las cajas aragonesas muestran solidez suficiente para que la bancarización sea una alternativa y no una obligación», aunque precisa que falta por concretar por parte del Ministerio de Economía los ratios de solvencia y capital que van a exigirse y que permitirán centrar mejor las opciones de cada caja.

El futuro que dibuja Larraz es el de un modelo mixto de instituciones financieras: «Ha habido, hay y habrá bancos y cajas bien gestionados y bancos y cajas mal gestionados». En cualquier caso, añade, «la última modificación de la Lorca facilita instrumentos para capitalizar las cajas y hacerlas atractivas a potenciales inversores y mejora su gobierno corporativo, haciéndolo más transparente».

Aunque reconoce que «la adaptación a nuevas estructuras, en el caso de necesitarlas, lleva tiempo y fricciones», Larraz no cree que la reforma de las cajas suponga hipotecar proyectos de desarrollo para las comunidades: «La cooperación pública-privada en proyectos estratégicos para los territorios siempre se podrá hacer independientemente de la naturaleza jurídica de las cajas».

No obstante, Larraz dice que los valores de las cajas «no deben perderse en Aragón», e incluso que esa debería ser la finalidad de la reforma: «El objetivo de la reestructuración tendría que ser conseguir esa garantía de rentabilidad de manera que, como cajas tradicionales, como fundaciones o como cajas que participen en un banco, puedan preservar la suficiente capacidad de decisión para que sus valores sigan presentes en su actuación diaria».

El PP, crítico con las formas

La presidenta del Partido Popular en Aragón, Luisa Fernanda Rudi, comparte la opinión de que «solventar los problemas existentes en las cajas españolas, que representan aproximadamente la mitad del volumen del negocio del sector, deberá de ser compatible con el mantenimiento de lo que han sido hasta ahora sus señas de identidad, su obra social y su participación en proyectos estratégicos territoriales». No obstante, recuerda «que algunas cajas y no precisamente las aragonesas, se han visto abocadas a situaciones muy complicadas por haber participado en algunos proyectos territoriales cuya viabilidad económica era más que discutible».

A pesar de que su partido apoyó la iniciativa que el Gobierno de reestructurar las cajas, Rudi critica que «la fórmula utilizada por el Gobierno para anunciar la nueva reforma es, cuando menos, inapropiada, porque decisiones de este calado no pueden hacerse públicas mediante la celebración de una precipitada rueda de prensa sin haber hablado previamente con el sector, ni tampoco con el principal partido de la oposición»

Aunque «existen dudas sobre la correcta valoración de los activos inmobiliarios de algunas cajas, que afectaría a sus coeficientes de solvencia», Rudi considera que las cajas de ahorro aragonesas, tanto las que han acudido a las fórmulas de concentración como las que no, tienen unos índices de solvencia y liquidez que no parecen presentar problemas, por lo que su futuro podría estar condicionado más bien por cuestiones de tamaño que por otros aspectos, pero en cualquier caso lo que parece indiscutible es que deberían de ser ellas mismas las legitimadas para elegir la fórmula jurídica a utilizar que entiendan más adecuada».

El PAR, preocupado

El presidente del PAR, José Ángel Biel, asegura sentirse preocupado por las consecuencias que pueda tener la bancarización de las cajas: «Ese proceso puede ser nefasto para la comunidad y para los miles de trabajadores de las entidades aragonesas que han sido hasta la fecha un modelo de gestión, de responsabilidad y de compromiso con el territorio. Me preocupa la pérdida de obra social que implicaría la entrada de capital privado en nuestras entidades y me preocupa, y me indigna, que el Ministerio intente limitar la libertad de acción de nuestras cajas fuera de la comunidad. Creo que es un planteamiento inconstitucional». Crítico con que una vez más se aplique «café para todos», Biel asegura que «si en Andalucía han cometido excesos, que miren lo que ha pasado en Andalucía, pero no apliquen la misma medicina para todos ni creen dificultades para hacer que las cajas que no tenían problemas empiecen a tenerlos». En este sentido, cuestiona el «defecto no solo del PP sino también del PSOE que subordinan los intereses de la comunidad a los intereses nacionales de sus respectivos partidos y eso no es justo para Aragón. Además, Biel cree que «nadie esperaba que PP y PSOE fueran a llegar tan lejos y cometieran un exceso regulador que vulnera las competencias autonómicas en primer lugar: Aragón tiene la competencia de cajas de ahorro y no va a poder cerrar las cajas el Ministerio sin que presentemos oposición».

Para el responsable del PAR, el hecho de que en apenas un año haya habido dos reformas sobre las cajas evidencia «la improvisación de este Gobierno». Pese a que la crisis requiere medidas drásticas, «cuestionar las cajas que durante un siglo han funcionado, me parece un error de calado. Hay entidades que necesitan intervenirse, pero no todas y no puede cambiar de repente las reglas de juego para forzar la bancarización de cajas que funcionaban bien». Y explica que «el problema es que algunas entidades no pueden devolver el dinero que les prestó el Estado y ahora pretender cambiar ese préstamo por participaciones, es decir que el Estado absorba la mala gestión de algunas entidades».

Por último, Biel quiere dejar constancia del «ejemplar compromiso de las cajas aragonesas con el territorio» y advierte de «la dificultad de que un banco afincado en Madrid entienda lo que es el sector de la nieve en Aragón, entre a patrocinar a nuestros clubes deportivos o financie actuaciones sociales y asistenciales como han hecho Ibercaja y CAI en los últimos años. Hay muchas cosas en Aragón, muchas, que sin la colaboración de Ibercaja y CAI no hubieran sido posibles», concluye, no sin advertir que aunque el resultado final está por ver «si realmente se limita el ámbito de acción a la comunidad, evidentemente genera un problema muy serio a nuestras cajas».

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