La economía española afronta en 2011 un ajuste brutal, que obligará a todas las administraciones públicas a apretarse el cinturón para ahorrar 18.000 millones de euros adicionales y reducir hasta el 6% el déficit público, que alcanzó en 2009 el 11,2% del PIB y cerrará 2010 en el 9,3%, según el objetivo de estabilidad del Gobierno. La meta está clara. Aunque el Ejecutivo central y las comunidades autónomas siguen sin detallar qué partidas de gasto sufrirán el tijeretazo, los sistemas sanitario y educativo, la dependencia y otros gastos sociales llevan las de perder.

La UE reclamó a España el martes pasado que concrete sus medidas de recorte de gasto hasta 2011 para cumplir la primera fase del plan de consolidación fiscal que debería culminar en 2013 con un nivel de déficit inferior al 3% del PIB, techo que marca el pacto europeo de estabilidad. Bruselas quiere que el Ejecutivo detalle un ahorro para 2011 equivalente al 1,75% del PIB (unos 18.000 millones), adicional a los 15.000 millones que saldrán de la rebaja de sueldos de los empleados públicos, la congelación de las pensiones y el resto de medidas de choque aprobadas en mayo.

Un punto porcentual de ese nuevo recorte -más de 10.000 millones- ya estaría contemplado en la reducción del techo de gasto del Estado, que en términos homogéneos disminuirá un 7,7% y pasará de 132.442 millones en 2010 a 122.256 millones en 2011. Ahorrar el 0,75% restante -8.000 millones- es tarea de las autonomías y corporaciones locales. Las comunidades se comprometieron en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a apretarse el cinturón por 11.000 millones en lo que queda de este año y el próximo, pero sin decir dónde aplicarán la reducción. El ansia de austeridad que recorre todas las administraciones juega a favor, pero en contra está la deuda del Estado, que cada vez resulta más caro refinanciar.

La gran pregunta es ¿queda en algún sitio algo de grasa que eliminar para aligerar el sector público? La respuesta se antoja difícil. En lo que toca a la administración central, un portavoz del Ministerio de Economía aseguró que "el Gobierno no concretará esas medidas hasta que presente los presupuestos generales del Estado para 2011". Y añade que "el ajuste que corresponde a las comunidades deben explicarlo ellas cuando elaboren sus cuentas".

Ahorro sanitario

El pasado 22 de marzo el CPFF decidió crear un grupo de trabajo formado por representantes de las comunidades y de los ministerios de Economía y Política Territorial con el objetivo de identificar medidas para optimizar el gasto público. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, declaró que las partidas de sanidad, educación, dependencia y personal centran la atención de esos expertos, que comunicarán sus conclusiones al CPFF en su próxima reunión, prevista para la primera quincena de julio.

Sin duda el servicio público que tiene más posibilidades de padecer recortes es la sanidad, principal generador de gasto para las comunidades. Fuentes conocedoras de los debates desarrollados por el grupo de trabajo aseguran que varias autonomías proponen reducir la factura mediante la instauración del copago sanitario, consistente en que cada paciente asuma parte del coste de la atención médica cada vez que va al ambulatorio. Otras, las de menor tamaño, estudian fórmulas para prestar conjuntamente determinados servicios. Una opción barajada es compartir los más costosos. De salir adelante, ciudadanos de comunidades pequeñas podrían verse obligados a desplazarse a hospitales de regiones vecinas para recibir tratamientos. La educación pública también está bajo examen.

Pero los ajustes no acabarán ahí. Bruselas también exige que el Gobierno central explique las partidas concretas que cada ministerio sacrificará en 2011 para cumplir la anunciada reducción del gasto en 10.000 millones. Los expertos piensan que esa es la parte más complicada del sudoku, pues en la administración central apenas queda margen. El profesor Pablo Vázquez, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada señala que por la vía del gasto solo dos partidas permitirían ahorrar: las prestaciones por desempleo y las pensiones.

Las primeras disminuirán, señala este experto, porque la actual crisis pronto cumplirá dos años y "mucha gente que estaba cobrando prestaciones contributivas saldrá del sistema y pasará a cobrar otras como los 420 euros o las ayudas de las comunidades". El gasto que acarrearán "es mucho menor que el 60% del salario que los parados cobran en el último tramo". En cuanto a las pensiones, considera improbable que el Gobierno las reduzca a corto plazo.