Bono anuncia ayudas a las empresas auxiliares de Opel ante el riesgo de deslocalización

El consejero de Economía, Francisco Bono, ha reconocido este lunes los riesgos de deslocalización de empresas auxiliares de la planta de General Motors España porque Alemania prefiere que estén localizadas en los países del este en su particular "plan Marshall".

Bono ha advertido de este problema de "geoestragia" con Alemania en una comparecencia en la Comisión de Economía de las Cortes para explicar, a petición de IU, las consecuencias del expediente de regulación de empleo suspensivo de 62 días para los años 2011 y 2012 en General Motors, que pactaron la dirección y la mayoría del comité de empresa y que, en su opinión, ha sido "modélico".

El consejero ha subrayado que "hay que luchar como sea para que los proveedores de aquí sigan estando aquí", que eso se logra con empresas con alta productividad y que habrá que centrar proporcionalmente las ayudas relacionadas con I+D+i, fomento del empleo o formación profesional en el sector de la automoción y ejercer una labor de apoyo a los proveedores porque, ha dicho, "nos jugamos mucho".

Ha advertido de que General Motors está poniendo cada vez más exigencias en las normas de calidad y producción a sus auxiliares y eso, para Bono, puede ser un sistema de protección de la economía alemana para "dejar fuera de normativa" a las empresas aragonesas.

Por tanto, ha avanzado que se van a revisar "uno por uno" todos los manuales de las auxiliares para contrastarlos con las exigencias de GM porque de lo contrario, dentro de seis meses se podría retirar un pedido a un proveedor porque no ha cumplido la norma.

Además, ha precisado que a través del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) y del Instituto Aragonés de Fomento (IAF) se dedicarán ayudas económicas concretas para favorecer la adaptación de las auxiliares.

Bono ha comentado además que el Gobierno de Aragón prevé intensificar, junto con el Ministerio de Industria, la comunicación con los altos directivos de Opel y de la multinacional y recordar a la compañía "continuamente" el apoyo de ambos ejecutivos para evitar la deslocalización de la planta.

En cuanto al ERE aprobado en GM, ha reconocido un efecto "dominó" en las auxiliares, que han presentado 30 expedientes de regulación y se han aprobado 24, con acuerdo entre las partes en veinte de ellos, y ha insistido en que el Gobierno vigila que los trabajadores de estas empresas no estén desprotegidos, aunque en ocasiones "castigar excesivamente" a un proveedor va en detrimento de los pedidos que recibe de la matriz.

Ha subrayado que la planta de General Motors en Figueruelas (Zaragoza) es la más productiva y la única que mantiene el tercer turno de trabajo, ha recordado que la empresa prevé recuperar una producción entre 350.000 y 400.000 vehículos a partir de 2013 y ha opinado que, dados los buenos resultados, los responsables de la multinacional, "por la cuenta que les trae", procurarán cerrar antes otra.

Reducciones de plantilla

Por su parte, Luis Ángel Romero, de IU, ha advertido de que algunas auxiliares han aprovechado la situación de Opel para reducir plantilla, con un "goteo constante" en la pérdida de empleo, y que la mitad de los 10.000 trabajadores afectados por expedientes en Aragón pertenecen a la automoción.

José Luis Soro, de CHA, ha coincidido con Romero en que algunas auxiliares están aprovechando las circunstancias para reducir plantilla y ha afirmado que el ERE de GM no es una buena noticia y que los trabajadores son los que tienen que "arrimar el hombro", al tiempo que ha apostado por la diversificación económica porque es la "clave" frente al monocultivo del automóvil.

El socialista Florencio García Madrigal ha valorado que el expediente de GM sea suspensivo y no extintivo después de la reorganización profunda de la plantilla de 2010, pero ha lamentado el efecto "cascada" que produce en las auxiliares y ha planteado a Bono cómo se supervisa que los expedientes en los proveedores sean en su mayor parte también de suspensión y no de extinción de los puestos de trabajo.

Antonio Ruspira, del PAR, ha insistido en la necesidad de un cambio productivo e impulso de la diversificación, mientras que Yolanda Vallés, del PP, ha recalcado que el Gobierno ha ejercido su labor de vigilancia en el cumplimiento de los requisitos administrativos y laborales del ERE de General Motors.