CAJAS DE AHORRO

Molto: «La intervención de CCM no fue necesaria»

El presidente de la caja manchega asegura que la decisión adoptada por el Banco de España se debió a razones políticas.

El expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM), Juan Pedro Hernández Moltó, aseguró ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que la intervención de la entidad por parte del Banco de España no fue necesaria y que hubiera podido seguir funcionando con normalidad, según fuentes jurídicas.


Durante su declaración como imputado, Hernández Moltó afirmó que la intervención en marzo de 2009 fue una «cuestión política», al tiempo que atribuyó las dificultades que atravesaba entonces CCM a la crisis económica y financiera, que provocó la falta de liquidez que sufrió todo el sistema.


También sostuvo que buena parte de los problemas de la entidad financiera estuvieron motivados por la «falta de reputación y credibilidad» que provocó la salida de varios miembros del PP en el Consejo de Administración.


Hernández Moltó negó que se hubiera extralimitado en sus funciones impulsando la concesión de créditos a conocidos empresarios castellanomanchegos y que la caja tuviera una excesiva acumulación de riesgos en el sector constructor e inmobiliario, como sostiene el PP.


Operaciones arriesgadas


De hecho, sostuvo que las operaciones las aprobó como un miembro más del Consejo de Administración, en donde tenía funciones representativas y no ejecutivas (de gestión).


En este sentido, afirmó que todas las operaciones llevadas a cabo por la entidad fueron aprobadas por el Consejo por unanimidad, con los respectivos informes favorables de la comisión de riesgos, que era la encargada de evaluar el impacto que podrían tener en la caja. No obstante, reconoció que no fue buena una de las operaciones controvertidas, la concesión de créditos para la construcción del aeropuerto de Ciudad Real, cuya gestora fue declarada en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).


El expresidente de CCM está imputado desde enero por los delitos de administración desleal, estafa, falsedad contable, falsificación en documentos mercantiles y negativa del derecho de información de los socios.