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Economía
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AGRICULTURA

Miles de agricultores y ganaderos tomarán las calles para protestar por la "ruina" del sector

«Lo que vendemos no vale nada, y lo que necesitamos para producir está por las nubes». Esta frase de un dirigente agrario resume el enojo de miles de agricultores y ganaderos de toda España, que el 21 de noviembre tomarán las calles de Madrid para protestar por la «ruina» que padece el sector.

Las principales organizaciones de trabajadores del campo (COAG, UPA y ASAJA) atribuyen buena parte de sus males a los amplios márgenes comerciales que se reservan las distribuidoras de alimentos. Para no reducir beneficios en época de crisis, las grandes cadenas trasladan sus rebajas en hortalizas, cereales, vino, frutas y carnes a los precios que pagan en origen a los profesionales.

Ante esa situación, las asociaciones de agricultores y ganaderos han decidido convocar un paro general para los días 20 y 21 de noviembre, que concluirá con una marcha multitudinaria por las calles de la capital. El objetivo de las movilizaciones, explicó el secretario general de COAG, Miguel López, es «lanzar una señal de socorro» a la sociedad y a las instituciones ante la «mayor crisis del sector agrario en Europa».

Los convocantes esperan que el 100% de los trabajadores del campo secunden la convocatoria. Fuentes del sector calculan que «más de 50.000» profesionales de toda España acudirán a Madrid a manifestarse. Por ello, han pedido permiso a la delegación del Gobierno para que la marcha discurra por la principal vía de la capital, el Paseo de la Castellana, entre la plaza de Colón y la de Atocha, donde se encuentra la sede del Ministerio de Agricultura.

El lema todavía no está decidido, uno de los que se baraja es «El campo se arruina, exigimos soluciones».

Falta de rentabilidad

La falta de rentabilidad de las explotaciones afecta a todos los sectores, desde el lácteo a los cereales, el vino, las frutas y hortalizas, el ovino y el porcino. Los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Medio Rural y Marino avalan las quejas de los profesionales: en los últimos cinco años (2003-2008) la renta agraria real experimentó un descenso del 26% y los costes de producción agrícola aumentaron un 34,3%, hasta representar el 86% de la renta agraria final.

Como resultado, en ese plazo se destruyeron 124.000 empleos en el campo, según datos extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA). La oficina estadística europea Eurostat constata, además, que el sector agrícola español redujo entre 1997 y 2007 su peso sobre el valor añadido total de la economía, que cayó desde el 5% hasta el 2,9%.

El presidente de ASAJA, Pedro Barato, explicó que la única forma de superar esta situación es «que alguien ponga coto a los abusos que se están cometiendo en lo que concierne a precios».

Sobre este punto, los datos aportados son demoledores:entre agosto de 2008 y 2009, los precios pagados en origen por las principales distribuidoras (Carrefour, Eroski, Mercadona, El Corte Inglés, Alcampo y Lidl) cayeron un 60,84% en el caso de los limones, las sandías se depreciaron un 60,82%, las patatas un 48%, la cebada un 27%, el trigo un 23,6%, el vino casi un 32%, el aceite de girasol un 49,4% y la leche un 27,57%, por citar unos pocos casos. Los márgenes de beneficio de los vendedores finales se mantuvieron en torno al 30%, según denuncian los agricultores.

Precios justos

Las organizaciones agrarias han difundido un documento que recoge sus propuestas para salir de esta crisis. El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, aseguró que sus recetas pretenden «que nuestro trabajo tenga una remuneración, y para ello tenemos que cobrar unos precios justos por nuestros productos».

Precios justos es la primera de las «soluciones» que proponen los afectados. Para ello exigen poner coto a la «posición de dominio» de la gran distribución, mediante la modificación de la Ley de Contratos Tipos para permitir que se puedan definir precios mínimos de compra de los productos agroganaderos, vinculados a los costes de producción. También exigen una regulación de las relaciones comerciales para atajar la especulación con los alimentos, la excesiva morosidad en los pagos o la venta a pérdidas, así como una modificación de la Ley de Comercio Minorista, para regular los plazos de pago.

Los profesionales también demandan «una fiscalidad adecuada» a las necesidades del sector. Dentro de este punto solicitan al Gobierno un aumento del IVA compensatorio al sector ganadero, la aplicación de un IVA reducido a los insumos agrarios y la puesta en marcha del gasóleo profesional. Exigen, además, un plan de financiación y refinanciación de sus actividades, a través de líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) específicas para agricultores, ganaderos y cooperativas agrarias. Por último, el sector pide un plan de apoyo al uso de energías renovables y ayudas para adaptarse a las consecuencias derivadas del cambio climático.

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