Martinsa-Fadesa despedirá a 234 trabajadores, el 26,5% de su plantilla

Martinsa-Fadesa quiere despedir a 234 trabajadores, lo que supone el 26,5% de la plantilla. Así se lo explicaron este martes los responsables de recursos humanos de la inmobiliaria -que también presentó un concurso voluntario de acreedores al no poder atender sus deudas- a los representantes de los trabajadores. Los sindicatos exigen "las mejores" condiciones para quienes salgan de la compañía y temen por el futuro del resto de compañeros y de los proveedores ante la posibilidad de que la empresa desaparezca, hundida por su crítica situación financiera. Mientras, los bancos acreedores provisionan dinero a toda velocidad para cubrir los impagos de la firma controlada por Fernando Martín.

Uno de cada cuatro trabajadores de Martinsa-Fadesa ha de abandonar la empresa. Ese es el cálculo que maneja la inmobiliaria ante la nueva situación, dominada por la falta de liquidez y la enorme presión de bancos, que tienen muy difícil cobrar todas sus deudas que, en conjunto, ascienden a 5.100 millones de euros. Queda por ahora conocer el 'reparto' por regiones y categorías de personal de ese expediente de regulación de empleo (ERE). Los más afectados serán los centros de Galicia, Madrid y Andalucía.

En Aragón, Fadesa podría dejar sin trabajo a 600 empleados. Los representantes de los trabajadores son conscientes de las dificultades que atraviesa la compañía de Fernando Martín. Pero su temor no se limita al presente sino que se extiende al futuro más inmediato, sobre todo al de los miles de personas que trabajan en pequeñas y medianas empresas subcontratadas por Martinsa-Fadesa.

Cabe recordar que en el negocio inmobiliario estricto la proporción entre empleo directo e indirecto es de uno a tres, mientras que ese ratio se eleva a uno por nueve en el segmento constructor. La quiebra de Martinsa-Fadesa amenaza así con llevarse por delante muchos empleos.

Provisiones

La petición de concurso voluntario de acreedores (presentada este lunes ante el juzgado de los Mercantil de La Coruña) hizo mover ficha rápidamente a los bancos acreedores de Martinsa-Fadesa.

Sobre todo a los que el pasado mes de mayo le refinanciaron 4.000 millones de euros. Entre estos, La Caixa, Caja Madrid y Popular, que suman 2.400 millones en créditos a la compañía. Las tres entidades anunciaron este martes que han provisionado (apartado) dinero suficiente para cubrir los más que posibles impagos de la inmobiliaria. La caja madrileña ha puesto a buen recaudo 250 millones de euros; la catalana, otros 192 millones mientras Popular, muy castigada en Bolsa por su relación con Martinsa-Fadesa, ha hecho lo propio con 100 millones.

La cuestión es que Martinsa-Fadesa no es aún morosa en sentido estricto, pues han de pasar dos trimestres consecutivos sin abonar sus créditos para ser considerada como tal, aunque es casi evidente que esos pagos no van a llegar. Al menos en su totalidad. La inmobiliaria se empeña en señalar que su problema es de liquidez, no de valor, y que hará lo que sea necesario para seguir operando y generar dinero con que atender sus deudas. En un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía recordó que el conjunto de sus activos -de los que está dispuesto a desprenderse en la medida que sea necesaria- valen 10.804 millones. Una estimación realizada a 31 de diciembre por la consultora Richard Ellis que muchos ponen en duda 'a los precios de hoy'.

Mitigar la situación

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se refirió este martes al concurso de acreedores de la inmobiliaria para señalar que el Gobierno trabaja para "mitigar" los efectos de la insolvencia de la empresa. "En cualquier caso, El ejecutivo se ocupará de atender a los trabajadores en el marco el ERE que pueda plantearse", añadió. El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, se refirió al asunto para insinuar que "es un buen momento" para que el Gobierno compre suelo de la empresa en quiebra con el objetivo de dedicarlo a vivienda protegida. Afirmación que fuentes gubernamentales matizaron después como una afirmación personal de Sebastián.

Por parte, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho aseguró que la compra de Fadesa por Martinsa (por la que Fernando Martín y sus socios pagaron 2.200 millones justo antes de que comenzara la crisis del ladrillo) fue un tanto "arriesgada". En cualquier caso, señaló que "habrá que esperar" para ver cómo evoluciona el caso y que su departamento espera que se resuelva "lo mejor posible".

Consumidores

Las organizaciones de consumidores recordaron además que Martinsa-Fadesa tiene pendiente de entrega miles de viviendas. La OCU recomendó que se siga haciendo frente a los pagos, para evitar que la empresa pueda demandarles por incumplimiento de contrato. Mientras, FACUA recomendó a los compradores que requieran información sobre las entidades financieras que avalan las cantidades entregadas a cuenta, "ante la incógnita de si las obras serán o no completadas". En caso de que las viviendas no sean finalmente entregadas, la organización recordó que los usuarios tienen derecho a recuperar la totalidad de la cantidad entregada a cuenta más el interés legal del dinero, Para los consumidores cuyas viviendas ya hayan sido entregadas y detecten algún defecto de terminación, habitabilidad, estructura o cimentación, FACUA advirtió que Martinsa-Fadesa podría no asumir sus obligaciones para subsanar los desperfectos o pagar las indemnizaciones por el coste de su realizarlas. En ese caso, los afectados "pueden dirigir sus reclamaciones a otras empresas o profesionales responsables", como agentes intervinientes en las edificaciones, que pueden ser localizados en el certificado final de obra, así como a las compañías de seguros de éstos.

Facua aclaró además que, en relación a los defectos de estructura o cimentación, los usuarios también pueden ejercitar el seguro decenal que las promotoras están obligadas a contratar. La organización de consumidores reclamó además a la ministra de Vivienda que aclare el compromiso de la directora general de Arquitectura y Política de Vivienda de velar para que la empresa acabe sus promociones.