Los sindicatos de la Función Pública, UGT, CC. OO. y CSI-CSIF, recurrirán ante la Justicia el recorte salarial a los empleados públicos que contempla el Decreto Ley que prevé aprobar mañana el Gobierno, según confirmaron UGT y Comisiones.

Según Lacuerda, UGT ha comprobado con varios juristas que "hay razones sustanciosas" para recurrir esta medida.

Por su parte, Fossoul dijo que de mantenerse el criterio de que el recorte salarial "no sea universal" y no afecte a los empleados de empresas públicas que se rijan por convenios colectivos, la medida "puede recurrirse perfectamente".

En este sentido Lacuerda puntualizó que estaría vulnerando el capítulo primero de los Presupuestos Generales del Estado que definen el sector público y donde están incluidas las retribuciones directas tanto de funcionarios como de personal laboral de la administración central, de las autonómicas y locales.

Puntualizó que la impugnación es "segura", ante la desconfianza de que el Ejecutivo "rectifique" mañana el Real Decreto que aprobará el Consejo de Ministros con el fin de acelerar la reducción del déficit público.

En este sentido se preguntó sobre qué base legal basará el Gobierno que el recorte afecte sólo a los empleados públicos que no estén sometidos a convenios colectivos y criticó que la medida no tenga elementos de equidad, como planteó el presidente del Gobierno.

No obstante, Enrique Fossoul señaló que es una "bestialidad" vulnerar el derecho de negociación colectiva, que es uno de los derechos fundamentales, y advirtió de que de ser así el recurso judicial podría ir por una vía más urgente que la contencioso administrativa.

Se quejó de que a día de hoy el Gobierno no haya enviado a los sindicatos de la Función Pública "al menos un borrador del decreto-ley" y deban acudir mañana a la Mesa General de la Función Pública sin conocer los detalles del recorte.

Por otra parte, Lacuerda aludió a la inconstitucionalidad de la bajada salarial en el sector público, "nueva en la historia", y que supondría vulnerar la Constitución.

Explicó que "no se trata de congelar los salarios", por razones económica excepcionales, tal como contempla el acuerdo plurianual firmado en septiembre, sino de bajarlos, lo que iría en contra del ordenamiento jurídico español, que define "muy bien" la figura de la retroactividad.

"Esto no es una rabieta", aseveró, tras añadir que la precipitación de la medida, ha hecho cometer fallos muy importantes al Gobierno.