Los pymes consideran "poco efectiva" la rebaja del impuesto de Sociedades

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la comunidad aragonesa consideran "poco realista y poco efectiva" la rebaja del impuesto de Sociedades que tiene previsto aprobar hoy el Consejo de Ministros y que anunció el miércoles el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Creen que serán muy pocos los empresarios que realmente se beneficien de esta medida fiscal.

En concreto, se modifica el tramo de tributación de las Empresas de Reducida Dimensión. Antes, para aquellas entidades con un resultado (antes de impuestos) de 120.000 euros el tipo de gravamen era el 25%. Ahora accederán a esta rebaja las que lleguen a una base imponible de hasta los 300.000. "Lamentablemente, pocas entidades tienen dicho beneficio antes de impuestos, por lo que dicha medida es poco realista o efectiva para gran parte del sector industrial o de servicios", explicó Pilar Andrade, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón.

Andrade apostó por otro tipo de medidas más "concretas" que ayuden al pequeño empresario e incluso fomenten la creación de pymes. De hecho, consideró más práctica la bajada que se aplicó en su momento del tipo impositivo al 20% de aquellas empresas que fueron capaces de mantener empleo o crearlo. "O bien, que se confirme que a través de la ley de Presupuestos las ampliaciones de capital no tributarán por operaciones societarias. Algo más necesario a la hora de inyectar capital en las pequeñas empresas", puntualizó.

Otras medidas

No obstante, Andrade reconoció que el "gran problema" de las pymes se centra en la tesorería. Por ello, la representante de la Asociación de Jóvenes Empresarios creyó más eficaz medidas de "autofinanciación", como la devolución de los créditos fiscales obtenidos por las empresas en I+D+i o en nuevas tecnologías.

En ese sentido, también se manifestaron otros pequeños empresarios que pusieron sobre la mesa otras medidas que aliviarían a su situación económica, como el aplazamiento del pago del IVA sin intereses o el acceso de forma más sencilla a créditos. "Pedimos medidas más tangibles, los autónomos y las empresas con pocos trabajadores realmente no tienen beneficios de 120.000 euros", señaló Ana Ramírez, propietaria de una pequeña empresa. "Si el crédito se encarece y tenemos que estrechar los márgenes de beneficios...", añadió Juan María Álvarez, de Pyrenalia.

Por su parte, el presidente de Cepyme-Aragón, Aurelio López de Hita, consideró "importante" el gesto del Gobierno por la rebaja del impuesto de Sociedades, pero admitió que la realidad es otra y no va a estar al alcance de muchas empresas. Recordó que el balance y los resultados económicos de cada pyme es algo privado y, por lo tanto, es imposible calcular el número exacto de empresas aragonesas que se beneficiarán de la nueva medida de Zapatero (se cifró en 40.000 el global en España). No obstante, hizo hincapié en que la crisis económica está afectando más a las empresas que no tienen beneficios y, de hecho, son más las quejas de este tipo los que llegan a Cepyme.

Entre el paquete de medidas que José Luis Rodríguez Zapatero anunció el miércoles para ayudar a los pequeños empresarios a sortear el difícil momento económico en el que se encuentra inmerso España también se incluyó la generalización de la libertad de amortización en el impuesto de Sociedades hasta 2015 (una facilidad hasta ahora reservada solo a las pymes). Esta iniciativa tendrá un coste para las arcas públicas de 1.000 millones de euros, según explicaron fuentes gubernamentales.

Libertad de amortización

En ese sentido, el secretario general de la Asociación de Autónomos de Aragón (UPTA-Aragón), Álvaro Bajén, consideró discriminatoria esta medida, ya que no se tiene en cuenta a los autónomos. Por ello, apostó por extender a los empresarios que tributan por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) todas las medidas de libertad de amortización que se prevean en las sociedades.

Además, el representante de UPTA-Aragón creyó necesario mantener hasta el 2015 y, "como medida excepcional", la libertad de amortización para todas las entidades y autónomos con un límite de base de 150.000 euros por activo y "sin necesidad de vincular la inversión al incremento de plantilla", concretó Bajén.