Los expedientes de regulación de empleo (ERE) de ámbito estatal se han disparado durante la primera quincena de noviembre un 163%, al pasar de 51 solicitudes en 2007 a 136. No obstante y pese a que cada día se conocen decenas de nuevas reestructuraciones, sólo el 10% de los 2,8 millones de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de colocación procede de ajustes colectivos, según explicó este miércoles el director general de Trabajo, José Luis Villar, en una jornada sobre «Reestructuración de plantillas en el nuevo entorno económico», organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Mercer y Creade.

Consciente de la importancia adquirida por los ERE, Villar Rodríguez (en un foro a rebosar con más de 400 asistentes) adelantó algunos de los cambios que pretende introducir el Gobierno en su tramitación. Por ejemplo, apuntó que el Ejecutivo es partidario de vincular cada ERE, sea cual sea la dimensión de la empresa, a un plan de reinserción laboral, lo que implicaría la legalización de las empresas privadas de recolocación, hecho que el Ministerio de Trabajo e Inmigración ve con buenos ojos pero al que CCOO y UGT se oponen.

Otra modificación barajada consiste en el establecimiento de criterios comunes para la autorización o rechazo de los ERE, tanto de los de ámbito estatal como los que se limitan a las comunidades autónomas. Ahora bien, Villar Rodríguez dejó muy claro que estas reformas se llevarán a la mesa del diálogo social para debatirlas y negociarlas con las principales organizaciones empresariales y sindicales.

Actual protagonismo

Los ERE son un procedimiento administrativo de carácter especial dirigido a obtener de la autoridad de Trabajo pertinente permiso para suspender o extinguir las relaciones laborales por motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción, siempre con garantía de los derechos de los trabajadores. En época de crisis adquieren gran protagonismo.

El inicio de su tramitación corresponde al empresario aunque también puede ser potestad de los representantes sindicales si presumieran que su no incoación ocasionaría un perjuicio de imposible o difícil reparación. El Gobierno central tiene que intervenir cuando la empresa que anuncia el expediente dispone de centros en dos o más comunidades, mientras que es responsabilidad de la autoridad laboral autonómica cuando la compañía únicamente está ubicada en una región determinada.

Villar Rodríguez resaltó que la presentación de ERE ha sobrepasado el sector de la construcción e, incluso, de la automoción y se ha extendido a otros como los de mensajería, transporte aéreo, gestión aeroportuaria, telefonía móvil, instalaciones industriales, servicios informáticos, limpieza, agencias de viajes, etc. Pese a esta expansión, hizo hincapié en que el desempleo en España «se nutre fundamentalmente de despidos individuales, que son mucho más numerosos que los ERE y de la no renovación de los contratos temporales».

El director general señaló que el ERE es un buen instrumento para reestructurar la plantilla, pero «no el único». Recordó que en la actualidad los ajustes colectivos que deben llevar un plan social son sólo aquellos de empresas con más de 50 trabajadores, aunque el compromiso en la práctica no se cumple siempre. Por lo tanto, los fondos depositados por la compañía para aplicar el ERE «van casi exclusivamente a la indemnización y no a la recolocación de los trabajadores». Con la reforma perseguida se conseguirá que «toda persona que vaya al desempleo procedente de un ERE tenga garantizada su recolocación», concluyó.