El número de expedientes de regulación de empleo (ERE) presentados en Aragón en 2010 ascendió a 845, un 8,7% menos que el año anterior, pero la destrucción de empleo aumentó el 17%, hasta 3.514 empleos, uno de cada cuatro trabajadores afectados por un expediente.

En lo últimos tres años, los expedientes de regulación de empleo han propiciado la desaparición de 9.084 empleos en Aragón: 7.405, el 81,51%, en la provincia de Zaragoza; 786, el 8,65%, en la de Huesca, y 425, el 4,67%, en la de Teruel, a los que hay que sumar 468 puestos de trabajo amortizados en el marco de expedientes de ámbito de toda la comunidad.

Esos son algunos de los datos de un informe sobre la evolución de los expedientes elaborado por UGT-Aragón que hoy han detallado en una rueda de prensa el secretario de Política Sindical y Empleo y el técnico del área de empleo del sindicato, Raúl Machín y José Aragüas.

El año pasado, 13.480 trabajadores se vieron afectados por los 845 expedientes presentados (35.736 empleados y 964 expedientes el año anterior), el 74,1% de suspensión, el 11,7% de reducción de jornada (seis puntos y medio más que el año anterior) y el 14,2% de reducción de plantillas y extinciones.Las causas

Las causas alegadas por las empresas fueron mayoritariamente económicas (aparición de pérdidas, problemas de liquidez y financiación) y de producción (descensos en las cifras de facturación, generando un aumento de la capacidad productiva), menos frecuentes las organizativas (reordenación de centros de trabajo o líneas de trabajo) y excepcionales las técnicas o de fuerza mayor.

De todos los expedientes presentados, el 92,5% fueron autorizados por la autoridad laboral (seis no fueron autorizados, 22 figuran como desistidos y 3 como archivados) y el 95,7% se resolvieron con acuerdo entre empresas y trabajadores, mientras que el 64.60% se tramitaron en empresas sin representación sindical (el 85,68% en empresas de un máximo de 30 empleados).

El sector industrial sigue siendo el más afectado por los expedientes al concentrar el 33,88% de todos ellos y el 66,68 de los trabajadores, y dentro de este sector, el metal aglutina el 18,9% y el 21,5% de los empleados.

Además, la industria es la que más destrucción de empleo sufrió el año pasado, con 2.475 puestos de los 3.514 destruidos.

La construcción, por su parte, concentró el 22,28 por ciento de los expedientes y el 13,56% de los empleados y los servicios, el 36,9 de los ere y el 19 por ciento de los trabajadores.Concursos de acreedores

A las cifras totales de expedientes hay que sumar las empresas que han presentado concurso de acreedores, 127 hasta el tercer trimestre de 2010 y sin datos precisos del número de trabajadores afectados, que suelen recibir las indemnizaciones mínimas de 20 días.

No obstante, UGT destaca entre otros casos significativos de destrucción de empleo y centros productivos los del matadero Pelbor de Calamocha, en Teruel, Luna Equipos Industriales, de Huesca, y Vitrex y Pipelife, en Zaragoza, con 81 empleos, 197, 116 y 100 trabajadores afectados, respectivamente.

El año pasado, ha subrayado Machín, ha sido malo por la destrucción de empleo y centros productivos, muchos en localidades pequeñas que costó mucho crear, y aunque UGT preveía que en el segundo semestre se podría recuperar empleo y se equivocó, parece que se ha estabilizado la pérdida de puestos de trabajo.

No obstante, ha vaticinado que aún habrá «coletazos» de empresas que han ido «aguantando», como podría ser el caso de Pikolín, que no ha presentado un expediente de regulación pero que ha iniciado una negociación con el comité de empresa y UGT, ha asegurado, intentará que se pongan en marcha las medidas organizativas y de ajuste que sean necesarias antes de llegar a la extinción de empleos.

Dada la proliferación de los expedientes por la crisis, UGT demanda que se garantice la protección de los trabajadores de las pequeñas empresas; que se introduzcan elementos de mayor control en los procedimientos de los expedientes, que las empresas anticipen las negociaciones sobre los procesos productivos para que sean la última alternativa y evitar que las empresas abusen de ellos.