Zapatero anunció el martes ante los líderes empresariales del país que en seis meses estarán finalizadas las reformas que necesita la economía española, que negocia a contrarreloj para alcanzar un acuerdo con los agentes sociales. Entre ellas, las de carácter laboral son las que más disgustos le están ocasionando. Por ello trata desesperadamente de lograr el aval de los sindicatos, que se sienten traicionados por los cambios que va a adoptar un presidente de Gobierno socialista, cuya medida estrella es la jubilación a los 67 años.

La reforma laboral "ha llegado para quedarse", sostiene la secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez, con el ministro Valeriano Gómez desde su acceso al cargo. Sin embargo, enfatiza que no solo la concreción del despido por pérdidas económicas está encima de la mesa de la negociación abierta con los sindicatos, sino que ésta incluye también los temas laborales pendientes como la reforma de las pensiones, las políticas activas de empleo o la negociación colectiva.

El Gobierno tiene identificados 19 capítulos donde hay margen para "un trabajo de futuro, por medio de la concreción y los detalles". No es lo mismo, recuerda, que en el reglamento de los ERE se exijan pocos requisitos para acreditar las pérdidas previstas de las empresas, considerado motivo para el despido objetivo -solo 20 días de indemnización por año trabajado, que ser más rigurosos. De hecho, el Gobierno ya ha hecho un gesto hacia CC. OO. y UGT al desvelar que no bastará con pérdidas coyunturales.

La reforma de las pensiones

No obstante, la negociación sigue centrada en la reforma de las pensiones y la secretaria de Estado de Empleo es "optimista" sobre la posibilidad de un acuerdo. El primer principio que orienta la posición del Gobierno es que retrasar la edad de jubilación es la forma "más equitativa" de alargar la vida laboral, medida que ve imprescindible. El segundo, que las pensiones de hoy no se van a tocar ni tampoco a los actuales pensionistas, porque el sistema es de momento sólido. Y, tercero, que la reforma es para que los hijos de esos pensionistas tengan los mismos derechos.

Por otra parte, la reforma laboral aprobada en septiembre acota el plazo sobre los cambios en la negociación colectiva: el 19 de marzo. El Gobierno, asegura María Luz Rodríguez, "no contempla un escenario diferente al acuerdo entre sindicatos y empresarios". Por ello, va a esperar el pacto hasta que cumpla la fecha límite. No obstante, la dirigente socialista no puede eludir su posición sobre el aspecto más polémico: el fin de la denominada ultraactividad de los convenios colectivos, lo que se traduciría en que si la dirección y los trabajadores de una empresa no llegaran a un acuerdo en la revisión de un convenio, las ventajas conquistadas desaparecerían a expensas de lo que contuviera el nuevo acuerdo, una reclamación de los empresarios. Aunque se resiste a fijar la posición del gabinete sobre un asunto que debe ser objeto de negociación bilateral, asegura que "en las reflexiones del Ejecutivo ni ha estado ni está acabar con la ultraactividad".

La sombra de los mercados planea sobre las reformas que ha realizado y plantea el Gobierno, y María Luz Rodríguez no niega su influencia en las decisiones que se van a adoptar. "La situación económica es muy difícil; no somos Irlanda, pero en este tipo de situaciones todos los gobiernos se ven obligados a tomar decisiones dolorosas". Sin embargo, sostiene, hay que adoptarlas "por puro sentido de país, de responsabilidad".

Las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro ya están en vigor. El decreto fue aprobado el 30 de diciembre y lleva incluido en su articulado, sin un proceso formal de diálogo social por medio, las pretensiones de los sindicatos y de los empresarios. La regulación es equiparable a la europea, indica Rodríguez, quien recuerda que ya pueden solicitar la autorización y comenzar a operar, "siempre en colaboración con los servicios públicos de empleo".

Más posibilidades de acuerdo hay en la reforma de las políticas activas de empleo. Se trata de dar un vuelco al sistema, en el que los programas de contratación de los servicios públicos den paso a itinerarios de inserción, menos costosos y con eficacia elevada incluso en tiempo de crisis, explica. Cualquier actuación debe partir de una triple consideración: las necesidades de los desempleados (habrá 3.000 orientadores), del empresario y de la actividad productiva de cada zona. "A partir de ahí hay que ajustar como un guante la actividad formativa, y hasta ahora no ha sido así", admite.

Otra reforma que prepara el Gobierno persigue "preservar la uniformidad en el tratamiento de las personas en situación de desempleo de toda España", pero, partiendo de ese principio, "las comunidades han de tener margen para adaptar las políticas activas a sus necesidades específicas", dice.

"Hasta que no haya recuperación de la economía no se va a recuperar el empleo. Eso lo sabemos todos", confiesa la miembro del Gobierno sobre el capítulo más doloroso de su gestión.

"Nuestros datos nos indican que la punta del paro está a punto de llegar", indica. Marzo podría marcarla. Los descensos del desempleo habituales de la primavera podrían iniciar el cambio de tendencia definitivo, aunque la bajada será lenta. "Va a llevar mucho tiempo", añade.