Los ciudadanos rechazan la gestión privada para los servicios públicos

Los ciudadanos tienen una «moderada satisfacción» con el conjunto de la oferta pública de servicios y prestaciones y aunque creen que la Administración no la gestiona de manera correcta rechazan la participación, tanto en la gestión como en la financiación, de la iniciativa privada.

Esta es una de las conclusiones del estudio 'Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2010' (Barómetro Fiscal) que elabora anualmente el Instituto de Estudios Fiscales basado en una encuesta a 1.500 ciudadanos de cinco segmentos: empresarios, agricultores, profesionales liberales, asalariados e inactivos.

Según el informe, en la relación que hay entre los impuestos y la oferta pública de servicios y prestaciones, uno de los aspectos mejor valorados es la accesibilidad a los mismos, especialmente la universalidad de los servicios sanitarios.

No obstante, los ciudadanos creen que la oferta es «poco adecuada a los impuestos que se pagan» y no contribuye a la distribución de la riqueza en la sociedad, por lo que «no justifica el pago de los impuestos». En este aspecto, los ciudadanos creen que es la sanidad el único servicio por el que merecería la pena su esfuerzo tributario.

Respecto al comportamiento de los contribuyentes, la mayoría de los encuestados creen que el pago de los impuestos ha empeorado en la última década y también que el fraude fiscal ha aumentado.

No obstante, predominan quienes piensan que en España los impuestos se pagan de un modo bastante correcto, frente a quienes opinan que el fraude fiscal es una conducta generalizada.

Honradez fiscal

El informe dice que los ciudadanos creen que los colectivos menos controlados por la Administración defraudan «habitual y sistemáticamente» a Hacienda, mientras que quienes tienen controladas sus rentas por el sistema de retenciones «son cada vez más honestos» porque carecen de oportunidades para ocultar sus ingresos.

El mayor grado de honradez fiscal se atribuye a los asalariados, mientras que la opinión pública sospecha de los empresarios, profesionales liberales y autónomos.

Además de la falta de honradez y la conciencia cívica como principal causa del fraude fiscal en 2010, también lo son la impunidad para los defraudadores, la ineficacia de la lucha contra el fraude y los impuestos excesivos.

Según el estudio, seis de cada diez encuestados no encuentra justificación para el fraude fiscal, frente a un 37 % que lo justifica.

Una amplia mayoría de los encuestados reconoce que la Hacienda Pública desempeña una función básica y necesaria para la sociedad y admite la necesidad de pagar impuestos.

Al Estado se atribuye mayoritariamente la responsabilidad en las prestaciones sociales (jubilación, enfermedad o invalidez y desempleo) e infraestructuras; a las comunidades autónomas la educación y sanidad, y al ayuntamiento los jardines, parques, gestión de residuos urbanos, bibliotecas y museos.

Respecto a la valoración de los servicios locales, los encuestados tiene una opinión positiva en general pero se niegan a pagar más impuestos, excepto en el caso de la atención primaria en servicios sociales donde hay "cierta predisposición" a hacerlo.