Despliega el menú
Economía
Suscríbete

CAJAS DE AHORROS

Tres años para dejar los gobiernos de las cajas

El Gobierno da luz verde a un real decreto que permite modificar la naturaleza jurídica de estas entidades financieras. Podrán operar como bancos e incorporar inversores privados a su propiedad.

Las vicepresidentas Salgado y De la Vega, ayer.
Los cargos políticos electos tendrán tres años para dejar los gobiernos de las cajas de ahorros
SERGIO BARRENECHEA/EFE

Existe un límite de tres años para que los cargos políticos electos y los representantes de las administraciones públicas abandonen los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, según explicó ayer la vicepresidenta segunda y responsable de Economía, Elena Salgado. La novedad está recogida en un real decreto ley que modifica el régimen jurídico de esas entidades financieras, aprobado ayer por el Consejo de Ministros y anunciado el pasado jueves por el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Otro de los cambios consiste en que recae en los Parlamentos autonómicos decidir por mayoría quienes han de representar a las comunidades. Hasta ahora esta potestad correspondía a los gobiernos territoriales. En cualquier caso, nunca podrá superar en su conjunto el 40% del total de los derechos de voto frente al 50% vigente hasta ahora.

El real decreto conlleva el cambio más trascendental que han experimentado las cajas en sus casi dos siglos de existencia y surge tras la reestructuración del sector, que ha reducido el número de entidades de ahorro de 45 a 19. Para el Gobierno existían dos lagunas que era imprescindible resolver con urgencia. Por un lado, era preciso rebajar el peso político existente en el seno de las cajas y, por otro, adoptar medidas ante la falta de solvencia y los problemas para captar capital de calidad. Así, a partir de la entrada en vigor de la norma, la próxima semana, las cajas podrán operar como un banco e incorporar inversores privados.

Cuatro posibles modelos

El cambio deja cuatro modelos. Uno permite continuar como hasta ahora, con un nuevo régimen de cuotas participativas y con la adaptación de los estatutos a las modificaciones en el gobierno corporativo. Otro supone la integración de la caja en un Sistema Istitucional de Protección (SIP) (operación que se denomina fusión ‘fría’ o ‘virtual’), cuya entidad central será una sociedad anónima y estará participada en al menos un 50%. La tercera posibilidad consiste en ceder todo su negocio financiero a un banco y mantener la condición de caja, la obra social y la cartera industrial. Y, la última, se basa en transformarse en una fundación tras ceder todo el negocio de crédito a un banco en el que participe.

En definitiva, el Gobierno resalta que el decreto persigue un objetivo fundamental: “Transformar las cajas en herramientas eficaces para su capitalización, facilitando el acceso al capital privado”. Para ello, es preciso hacerlas “atractivas a potenciales inversores y garantizar el cumplimiento de los requisitos para su consideración como capital de la máxima calidad regulatoria”.

En este sentido, las principales novedades son la incorporación de derechos políticos, es decir, que sus propietarios estén representados en los órganos de gobierno de forma proporcional a su participación, y la liberalización de su régimen con la supresión de límites a la tenencia de cuotas, pero con un tope del 50% a la emisión.

Elena Salgado aseguró que la salida de los cargos electos de los órganos de control de las cajas de ahorros contará con un periodo de transición, pero matizó que los representantes de las comunidades autónomas seguirán presentes en una comisión de obra social sin influencia sobre la actividad financiera.

“Se permite un tamaño del Consejo de Administración que, transitoriamente, pueda ser mayor a efectos de poder hacer una transición ordenada”, declaró Salgado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Sin embargo, Salgado afirmó que los representantes de las comunidades “van a seguir estando presentes” en las cajas de ahorros con su participación en la comisión de la obra social, órgano que establece, primera vez el real decreto aprobado, y que “no tiene influencia sobre la actividad financiera”.

En cuanto a la entrada en los órganos de administración de los representantes de las cuotas participativas, Salgado señaló que las emisiones de estas cuotas “serán graduadas” de acuerdo “con la voluntad de la propia caja”, y que, además, los actuales órganos de administración “podrán hacerlo en el momento que deseen y con la carencia que deseen”.

Además, la ministra de Economía apuntó que, en caso de que el capital privado llegue a ser superior al 50%, “la caja pierde su naturaleza, salvo una situación transitoria que está prevista en el FROB y que se deriva de su intervención”. En este caso de intervención, Salgado explicó que la ley establece como autoridad de tutela con poderes limitados al Ministerio de Economía y Hacienda.

Etiquetas