Ya acudieron meses atrás a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) para denunciar a la distribución comercial por supuesta "especulación" en sus precios, y ahora los profesionales del campo quieren hacer lo mismo ante el propio fiscal general del Estado, Candido Conde-Pumpido, si bien no han apuntado aún a empresas concretas. La impulsora de estas acciones es la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), que cree que existen "indicios suficientes" para abrir una investigación de la que se podrían derivar responsabilidades penales por los presuntos delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas, fraude, abusos "y otros concatenados" en que habrían incurrido presuntamente algunos operadores.

Su principal argumento de peso son distintos informes y estudios, tanto de organizaciones privadas como de instituciones públicas, según las cuales las diferencias tarifarias entre lo que perciben los productores y el precio final que abonan los consumidores superan de media el 400%. No obstante, en su lista de responsables también aparece la industria alimentaria, cuya patronal y una decena de organizaciones sectoriales (pan, helados, pasta, salsas, pollo, huevos y derivados, pero no la leche) han sido expedientadas por la CNC por supuestas restricciones a la libertad de precios, conducta que conllevaría multas millonarias en caso de demostrarse.

Pero los agricultores -las quejas de UPA son compartidas por las cooperativas y la organización COAG- no se quedan aquí en sus reclamaciones. También solicitan con urgencia la aprobación de una ley de márgenes comerciales, de modo que en los contratos entre empresas y productores se asegure a estos últimos un nivel mínimo de ingresos. En realidad, esta exigencia del sector agrario se repite en los últimos años, pero el Ministerio de Economía no la ve bien por su posible injerencia dentro del funcionamiento libre del mercado y prefiere dotar de una transparencia mayor la cadena de formación de precios.

Los ganaderos

Uno de los colectivos que lo está pasando peor por la reducción de sus ingresos y el aumento de costes (por las materias primas más caras) es la ganadería, cuyos profesionales están llamados a una nueva manifestación a las puertas del Ministerio de "Agricultura" -como lo van a seguir llamando, en protesta por su cambio de denominación por el 'nuevo' departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino-. Demandan del Gobierno que se deje ya de "parches temporales" que resultan "insuficientes".