Los aeropuertos bajarán sus tarifas para competir

Máxima eficiencia económica sin descuidar ni la seguridad ni la viabilidad de la red. Ese es el 'leit motiv' de la reforma que afronta Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena). Una empresa que tiene los días contados. Al menos, en la forma en la que la conocemos. El próximo viernes, el Consejo de Ministros la dividirá en dos para dejar en manos del Estado la parte de navegación y privatizar (en un 49%) la dedicada a las instalaciones aeroportuarias, que se llamará Aena Aeropuertos S. A. Unos aeropuertos que, en busca de la mayor competencia posible, podrán ofrecer rebajas de hasta el 30% a sus clientes (básicamente las aerolíneas) en muchas de sus tarifas. También se permitirán bonificaciones del 10% por aumentar el número de pasajeros, rutas o frecuencias.

Aena inicia una nueva etapa. Una carrera -la de la liberalización- en la que todos los aeropuertos están obligados a funcionar más y mejor que sus competidores y vecinos. ¿Cómo?, ofreciendo mejores precios y prestaciones. La clave del nuevo sistema se esconde en la Ley de Seguridad Aérea, reformada la semana pasada por las Cortes. Allí se fijan tarifas y condiciones para el nuevo escenario en el que, básicamente, la gestión de los aeropuertos correrá a cargo de Aena Aeropuertos S. A. o sus filiales. Habrá otro modelo; el de la concesión pública, en el que los concesionarios podrán fijar absolutamente todas las tarifas mientras pagan un canon al Estado.

Los aeropuertos que gestionen Aena o sus filiales obtendrán dos tipos de ingresos: los precios públicos (aparcamientos o alquiler de salas VIP; en general todo lo relativo a la parte 'tierra') y las prestaciones patrimoniales que, en resumen, son las cargas que aplican a las aerolíneas por utilizar las pistas y el resto de instalaciones, aterrizar, despegar, cargar y descargar pasajeros o maletas, aprovisionar combustible y hasta por quitar la nieve o el hielo de las aeronaves.

Las prestaciones patrimoniales, de gran complejidad, han de negociarse siempre con los clientes para, a continuación, presentar una propuesta a la denominada Autoridad Estatal de Supervisión; un organismo aún por nacer y al que suplirá hasta ese momento la Dirección General de Aviación en colaboración con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Si existe alguna controversia en la negociación, las aerolíneas podrán recurrir a esa autoridad, que se pretende sea independiente y vele por la transparencia en el proceso.

La nueva norma señala que «con el fin de garantizar la eficiencia económica e la gestión de los aeropuertos», Aena o sus filiales podrán «proponer para cada aeropuerto coeficientes correctores y bonificaciones». El ministro de Fomento, añade el texto reformado, desarrollará (previo acuerdo con el resto del Gobierno, en referencia a Economía) los criterios generales sobre los que han de basarse esas propuestas.

Área de influencia

Fomento buscará siempre la «máxima contribución posible de cada aeropuerto a la competitividad de su área de influencia, limitando subidas de cuantías que puedan tener un perjuicio grave sobre determinados tráficos, sobre todo aquellos altamente dependientes del aeropuerto». Otro de los criterios será la autosuficiencia económica de cada aeropuerto, teniendo en cuenta su evolución pasada y sus previsiones.

Al fijar el terreno de juego de las rebajas, el Ejecutivo deberá «garantizar la competencia efectiva sobre la base de la eficiencia y calidad de los servicios prestados al menos coste posible, para que las cuantías de las prestaciones incorporen la estructura de costes de cada aeropuerto». Traducido: competencia sí, pero sin arruinarse ni poner en peligro la red por robar tráfico a los vecinos.

La ley señala que los coeficientes reductores podrán oscilar entre el 1,3 (no es probable que nadie encarezca sus precios) y el 0,7 (aquí está la rebaja). Las bonificaciones no podrán superar el 10%. Los rendimientos de las prestaciones públicas servirán en exclusiva para financiar Aena Aeropuertos S. A. o sus filiales que, en todo caso, suscribirán con la matriz un convenio para determinar qué parte de ingresos irán a la red nacional. La cuantía de las prestaciones públicas, las reducciones y las bonificaciones se publicarán cada año en los Presupuestos.