Los abogados del caso AVA ultiman un acuerdo que permitirá cobrar 33 millones

Unos 22 millones de euros, dinero que se recuperó de la liquidación del banco Socimer de Bahamas, está depositado en una cuenta de Bankinter de Zaragoza desde el pasado mes de junio. Esa cantidad está lista para que pueda ser cobrada desde entonces por afectados del caso AVA, escándalo financiero que estalló el 23 de febrero de 1998 e hizo perder más de 120 millones de euros a miles de ahorradores, la mayor parte de ellos aragoneses. Sin embargo, la posibilidad de cobrar 11 millones de euros más de firmas imputadas (KPMG y André & Cie) ha hecho que los abogados personados en el caso que se ventila en la Audiencia Nacional retrasen unos meses ese cobro y negocien con el fiscal un acuerdo más global que dará prácticamente por cerrado el asunto. Un acuerdo que permitirá a los afectados recuperar cerca de un tercio del dinero perdido a cambio de limitar al mínimo las acusaciones penales contra los acusados.

"Estamos comprobando uno a uno los nombres de las listas de afectados, corrigiendo las cantidades, asegurándonos de que cada uno cobre lo que le corresponda", indicó a este diario uno de los letrados del caso, que precisó que al sumarse los 11 millones de euros que aportarán los imputados también podrán cobrar su parte correspondiente los clientes de la agencia AVA que perdieron dinero en la operativa relacionada con los bonos brasileños NMB (New Money Bonds), presuntamente vendidos de modo fraudulento. Es decir, que al intentar llegar a un acuerdo global no solo recuperarán parte de sus ahorros quienes participaron en inversiones canalizadas a través del banco Socimer de Bahamas, origen del 'crack' de AVA.

Las fechas

Según indicó el mismo letrado, el fiscal de la Audiencia Nacional encargado del caso, Luis Rodríguez Sol, dio a los abogados como fecha 'oficiosa' el día de ayer, 11 de octubre, para que todas las partes den su conformidad al acuerdo global, que permitirá a los afectados cobrar los 33 millones de euros y reduce sustancialmente las penas que se piden a los imputados (un año a Rafael Salama, de Transáfrica, y seis meses al que fuera consejero delegado de AVA, Enrique Coronado). Otras fuentes consultadas consideraron que aún habría de margen esta semana y la próxima para cerrar el acuerdo y que la fecha límite sería el 30 de noviembre, fecha en la que podría estar estipulada la celebración del juicio.

Oposición al acuerdo

Distintas fuentes confirmaron que la mayor parte de los abogados personados están trabajando para cerrar el acuerdo cuanto antes, conscientes de que es la oportunidad de que sus representados puedan cobrar, más de doce años después de estallar el escándalo, al menos un tercio de lo perdido. Según esas fuentes, solo es el representante de uno de los afectados, que no es precisamente de los que más dinero perdió, quien se opone a cerrar el acuerdo, al menos hasta ahora. "El que vote que no y se cargue el acuerdo no solo tendrá una responsabilidad social en esto sino incluso moral", señaló un abogado al respecto.

Quien más dinero cobrará de los 33 millones de euros que se repartirán es el Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain), entidad creada después de que estalló el caso AVA y que ya pagó parte del dinero perdido a muchos afectados. Quienes perdieron cantidades más pequeñas ya pudieron cobrar de ese fondo años atrás. El Fogain, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, podría hacerse con unos 7 u 8 millones de euros de los 33 que se repartirán, cerca de un tercio del dinero que ha pagado ya a afectados por el caso.