Las reclamaciones de los consumidores aragoneses se han incrementado un 19% hasta el mes de noviembre, a pesar de que las ventas del comercio minorista han disminuido en siete puntos debido a la crisis económica.

Así lo ha puesto de manifiesto el director general de Consumo del Gobierno aragonés, Sergio Larraga, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Familia de las Cortes, a propuesta de consejero Ricardo Oliván, para explicar las líneas generales de la Dirección General para esta legislatura.

Larraga ha afirmado que su principal estrategia es la protección del consumidor frente a la crisis económica, en la que según ha explicado se podría pensar que el número de reclamaciones hubiera bajado al disminuir el consumo.

Sin embargo no ha sido así, sino "totalmente lo contrario", ya que a fecha uno de noviembre las reclamaciones en la Junta Arbitral de Consumo habían aumentado un 19%, mientras la venta del comercio minorista ha bajado 7,2 puntos en Aragón hasta el mes de septiembre, una disminución que fue de 6,5 puntos en 2010, ha explicado el director general.

Por ello, ha manifestado que en épocas de crisis es cuando el consumidor se siente más desprotegido y cuando hay que estar a su lado.

En este sentido, Larraga ha informado de que ya se están dando pasos como ha sido la puesta en marcha de una campaña sobre el consumo responsable, para que se haga en función de la capacidad económica, y de que el 29 de noviembre organizarán la primera jornada de consumo, crisis y familia, en colaboración con la Dirección General de Familia.

Asimismo, ha dicho que tienen que tener en cuenta servicios esenciales básicos para los ciudadanos como las facturaciones de agua, gas o electricidad porque "la crisis económica no es justificación alguna para relajar los derechos de los consumidores y usuarios".

Otra línea estratégica de Consumo es proteger a los más desfavorecidos, como los niños y adolescentes, y en este sentido ha anunciado que la próxima semana comenzarán una campaña de inspección de juguetes, además de la labor educativa necesaria.

En cuanto a los enfermos, Larraga ha informado de que seguirán trabajando con los celíacos y que ya se ha reunido con los pacientes de cáncer y de salud mental, sobre los que celebrarán jornadas específicas para el próximo año.

Discapacitados, mayores, gestantes y consumidores económica y socialmente más desfavorecidos son otros colectivos a los que se prestará especial atención, ha agregado.

Para desarrollar estas acciones, ha anunciado que tienen un borrador de creación de una comisión interdepartamental para lograr una visión "transversal" del consumo, algo "más complicado pero no imposible".

El director general ha señalado, asimismo, que le gustaría que Aragón participara en todos los foros en esta materia de carácter estatal y que trabajara con otros comunidades; que se colaborara dentro de la Comunidad con las oficinas comarcales, diputaciones, juntas municipales, y que se aumentara el protagonismo del Consejo Aragonés de Consumidores, que en su opinión debería formar parte del Consejo Económico y Social de Aragón.

Sobre las nuevas tecnologías, ha informado de que se revisará la página web y que la Dirección General ya está presenta en las redes sociales, con más de cuarenta artículos colgados en Facebook y Twiter, que han obtenido buena respuesta.

Ha finalizado su intervención diciendo que al consumo "le falta peso político" en Aragón y que, aunque no conoce el presupuesto, que ha ido descendiendo en los últimos años, donde no llegue el dinero tendrán que emplear la imaginación, trabajar más y coordinarse con otras entidades.

Por parte del PSOE, Eduardo Alonso ha aconsejado al director general que tenga "cuidado" con sus socios del PP que en la anterior legislatura tenían intención de suprimir esa dirección general, porque les podrían abuchear, al tiempo que ha destacado su ánimo en modernizar el área y le deseó éxitos en sus propuestas.

Para Nieves Ibeas, de CHA, debería garantizarse al máximo la legislación vigente en la materia, mientras que Patricia Luquin, de IU, ha subrayado las buenas intenciones de Larraga, así como su voluntad política, pero ha dicho que eso no es suficiente porque se necesitan más inspectores y dotación económica.

Manuel Blasco (PAR) y Eduardo Alonso (PSOE) han resaltado el reto importante de la Dirección General, la protección de los más desfavorecidos y su transversalidad.