Las pymes y los autónomos pagan 28 millones de euros al año por el IVA de facturas sin cobrar

Las pymes y los trabajadores autónomos aragoneses hacen frente a 28,2 millones de euros anuales correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de facturas que aún no han llegado a cobrar, lo que supone una carga muy gravosa debido al aumento de la morosidad e impagos derivados de la crisis, según las estimaciones realizadas por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), que sitúan esta cifra en casi 800 millones de euros a nivel nacional.

De este modo, Aragón ocupa el séptimo lugar entre las Comunidades autónomas con un mayor volumen de IVA pendiente de cobro. Entre sus provincias, el mayor volumen de IVA repercutido pendiente de cobro debido a la morosidad corresponde a Zaragoza (23,5 millones), seguida de Huesca (2,6 millones) y Teruel (2 millones).

Los empresarios deben pagar el IVA antes de cobrar las facturas

En la actualidad, los autónomos y pequeños empresarios deben ingresar a la Hacienda Pública el IVA de las facturas emitidas que aún no han cobrado, y que incluso no llegarán a cobrar nunca. Con objeto de mejorar la liquidez de estas empresas, los técnicos de Hacienda proponen modificar el actual sistema de devengo para retrasarlo hasta el momento del cobro de la factura.

Según la ley española del IVA, el impuesto es exigible en el momento en que se efectúa la entrega de bienes o prestación de servicios, y no cuando se emite la factura o se realiza su cobro.

Actualmente, las dos únicas alternativas en caso de morosidad son solicitar un aplazamiento del pago para no anticipar el impuesto no cobrado, lo que conlleva un interés de demora del 5 por ciento anual que aplica la Agencia Tributaria, o bien, transcurrido un año desde el impago, la rectificación con unos requisitos muy exigentes de la factura no cobrada.

El Consejo Europeo ya se pronunció sobre esta realidad el pasado mes de julio mediante la aprobación de una Directiva que permite a los Estados autorizar que el IVA se declare con arreglo a un régimen de contabilidad de caja que permita al proveedor abonar el impuesto una vez se reciba el pago. A juicio de Gestha, la aplicación de esta medida debe ser inmediata, por lo que pide su trasposición sin agotar el límite del plazo establecido hasta finales del año 2012.

Además de este cambio, los técnicos de Hacienda proponen varias medidas encaminadas a mejorar la eficiencia y control del gasto público con el fin de aliviar el déficit del Estado. Estas iniciativas se sitúan también en línea con algunas de las enmiendas que diversos grupos políticos presentarán mañana al proyecto de ley de Economía Sostenible en el Senado.

En este sentido, solicitan la generalización de las auditorías de las cuentas anuales a todos los entes públicos con el fin de aportar transparencia a las cuentas del Estado y evitar los casos de "deficiencias" y "corruptelas" en los procesos de contratación de la Administración.