El 64% de los convenios provinciales del metal recoge fórmulas para no pagar los salarios pactados en caso de problemas. Se trata de una estrategia habitual en la negociación colectiva del sector, que ahora, ante la crisis, adquiere relevancia, puesto que es una manera de que los empresarios se blinden ante el declive económico que ya se vislumbraba en 2007. No obstante, los convenios recogen el compromiso de que 'los incumplimiento legales' de lo pactado tienen que acreditarse de manera objetiva, con demostración de déficit, pérdidas o peligro para la estabilidad de la compañía.

La situación de las empresas del metal figura en el informe que sobre la negociación colectiva de 2007 ha elaborado la patronal del sector Confemetal. Las fórmulas para eludir el incremento suscrito se conocen con el nombre de "cláusulas de descuelgue". Su origen se encuentra en el Estatuto de los Trabajadores y, cada año, empresarios y sindicados impulsan su aplicación a través de los acuerdos-guía, que desde 2002, firman CEOE, Cepyme, CC. OO. y UGT sobre el contenido de los convenios.

Fórmula "compleja y farragosa"

Las patronales defienden que las "cláusulas de descuelgue" suponen una garantía indispensable para "salvar" numerosas empresas y siempre persiguen que sean una propuesta prioritaria en cualquier mesa de negociación. Ahora bien, los responsables de Confemetal no están satisfechos con las fórmulas actuales. Reclaman procedimientos sencillos que permitan rápidamente "la inaplicación salarial" y tildan de "farragosa y compleja" la regulación vigente.

La patronal del metal lamenta que para el "descuelgue" sea imprescindible la presentación de solicitud a los representantes legales de los trabajadores y a las comisiones paritarias constituidas en los convenios. Critican también que a continuación haya que acreditar con documentación objetiva y "fehaciente" los balances, cuentas de resultados y demás elementos contables, así como que corresponda a esas comisiones paritarias determinar la procedencia o no de la petición.

Confemetal opina que el mecanismo vigente es tan complejo que lo convierte en "inoperante". Sus dirigentes denuncian que si la voluntad del legislador en el Estatuto era posibilitar la salvaguardia de las empresas que atraviesan dificultades económicas, el de los negociadores colectivos, "dada la rigidez del sistema que recogen los convenios, parecer ser el de evitar sea como sea el descuelgue".

Diferencias por provincias

En 2007, del total de convenios vigentes, 18 carecían de las cláusulas descritas frente a los 32 restantes que las incluían en su texto. Precisamente, en este segundo grupo, los firmantes de los acuerdos de Albacete, Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona, Vizcaya, Guipúzcoa, Pontevedra, etc., han pactado someter la situación de riesgo a un Tribunal de Arbitraje para agilizar los trámites. Otros, como el de Badajoz limita a 10 días el pronunciamiento de la comisión paritaria, mientras que el de Baleares se inclina por tener en cuenta circunstancias como "el insuficiente nivel de ventas y producción".