Los mineros turolenses han recibido como una buena noticia la decisión de la Audiencia Nacional de levantar las medidas cautelarísimas que habían aplicado sobre el real decreto que prima la quema de carbón nacional.

Asimismo, siguen a la espera de la decisión del Tribunal de Luxemburgo, que ha escuchado al Ministerio de Industria y a las eléctricas españolas y que en las próximas horas definirá su postura en esta cuestión.

El alcalde de Ariño, Joaquín Noé, ha manifestado que la decisión de la Audiencia Nacional es "una buena noticia" porque "se van dando pasos positivos en la solución del problema". Ahora, "tenemos que esperar a que el Tribunal de Luxemburgo también dé el visto bueno" al real decreto. En este sentido, el alcalde de Ariño ha señalado que "hemos comenzado el año 2011 con la misma incertidumbre".

Así, "en las minas a cielo abierto seguimos sacando carbón, la central térmica trabaja un día sí y otro no" y "necesitamos que, de una vez, se normalice el sector porque, sino, se complicará en extremo".

El secretario de Industria de Comisiones Obreras (CC.OO.) en Aragón, Antonio Herrero, también ha manifestado que "es una buena noticia" y "ahora se tendría que normalizar la situación".

El sindicalista ha considerado que "el Gobierno tendría que ser valiente y aplicar el real decreto porque ya no tiene ningún problema jurídico en España". Aún así, Herrero cree que no querrá ponerlo en marcha porque seguirán a la espera de lo que diga el tribunal europeo.

Además, ha señalado que esta tarde se reúnen en Madrid los coordinadores de la minería de CC.OO. de todo España para analizar la situación actual, a la espera de lo que diga el tribunal europeo. De momento, Herrero ha adelantado que "ya hay algunas empresas mineras que van a cerrar, sobre todo en Castilla León y algunas pequeñas de Asturias".

El proceso

La decisión inicial de la Audiencia de imponer cautelarísimas había sido adoptada a solicitud de Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, y se refiere a uno de los desarrollos normativos del decreto, en el que se emplaza a las compañías eléctricas a presentar en tres días cartas de compromiso de adquisición de carbón hasta 2012.

En diciembre, el Supremo emitió varios autos en los que rechazaba las cautelares solicitadas tanto por las eléctricas como por la Xunta de Galicia, lo que despejó el camino para que la Audiencia Nacional se pronunciara en la misma línea, como acaba de hacer.

De esta forma, ambas instituciones inician un periodo más largo de análisis del caso y permiten, al menos temporalmente, la entrada en vigor del decreto, que ahora sólo se encuentra pendiente de que el Tribunal de Luxemburgo levante sus cautelarísimas.