Las comunidades autónomas inician el próximo martes una semana que puede ser decisiva para lograr un acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación y, con toda seguridad, volverán a enfrentarse por el peso que debe tener en el modelo la población, la renta per cápita o la dispersión.

Algunas como la Comunidad Valenciana, Baleares o Cataluña quieren aumentar la ponderación de la población, la inmigración, el esfuerzo fiscal o la renta per cápita, mientras que otras como Aragón o Andalucía creen que deben puntuar más otras variables como el territorio, el envejecimiento o la dispersión.

Para el día siguiente, día 21, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha citado a los presidentes autonómicos del PSOE, después de las diferentes sensibilidades expresadas en los últimos días por algunos de ellos, ya que el de Cataluña, José Montilla, urge a sentarse, y el de Andalucía, Manuel Chaves, prefiere esperar a una mejor coyuntura económica.

El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, se mostró optimista el pasado miércoles en llegar a un acuerdo, tanto entre las autonomías como con el PP y el resto de los partidos. Recordó que en este tipo de negociaciones las comunidades tienden más a defender los intereses de sus propios territorios que los partidistas, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, "algo que ayuda".

Al vicepresidente económico, Pedro Solbes, le preocupa más lograr una financiación suficiente "a largo plazo" que aumentar la cesión de impuestos u otros recursos en las negociaciones. Se quiere garantizar la nivelación de los servicios básicos, aumentar la cesión de impuestos y potenciar la corresponsabilidad fiscal de las comunidades, con espacios fiscales propios.

Busca asegurar su suficiencia financiera, pero también la del Estado, que mantendrá, al menos, el 50 por ciento del gasto público, aunque el 30 es para la Seguridad Social, lo que es discutida por algunas comunidades, que consideran que éstas son las que prestan los servicios básicos a los ciudadanos.