El Gobierno nacionalizará las cajas no saneadas

Las cajas de ahorros se enfrentan a un serio desafío. Aquellas que no consigan un alto nivel de capitalización antes del otoño habrán de transformarse en bancos, para ser a continuación parcialmente nacionalizadas. Lo confirmó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, quien, acompañada del secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, adelantó, en una comparecencia urgente ante los medios de comunicación, los proyectos del Ejecutivo para reforzar el sistema. Y afirmó que las más solventes podrán mantener su personalidad jurídica.

Las entidades financieras españolas necesitan un máximo de 20.000 millones de capital para cumplir las nuevas exigencias impuestas por el Gobierno, que para las cajas que concurran a los mercados serán incluso más rigurosas. Con el sector en el punto de mira de los mercados, y para detener la escalada de los informes de los expertos, que cada día apuntaban mayores necesidades -se llegó a hablar de 180.000 millones de euros- el Banco de España y el Ministerio de Economía han realizado esta estimación y puesto en marcha un plan de choque con el que pretenden desactivar las durísimas críticas que analistas, bancos de negocios y agencias de calificación han venido volcando sobre las instituciones españolas de ahorro.

Hasta otoño para acomodarse

Las cajas que llegado el mes de septiembre no hayan sido capaces de captar los recursos propios privados requeridos, habrán de constituir un banco al que traspasarán el 100% de su actividad financiera y que se someterá a las exigencias de buen gobierno de este tipo de entidades. Serán parcialmente nacionalizadas porque el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) les aportará la cantidad necesaria a cambio de acciones que permanecerán en su poder -con los derechos políticos correspondientes- un máximo de cinco años. Esta opción que ahora se abre va a requerir cambios legislativos, que la vicepresidenta económica del Gobierno Elena Salgado calificó de «pequeños retoques», y aseguró que no se van a proponer de inmediato.

Tras unas semanas de intensos rumores y tensiones con el sector de las cajas de ahorros, el Ministerio de Economía y el Banco de España han lanzado de común acuerdo una iniciativa que, de entrada, abre un plazo relativamente largo para acomodarse, y que también deja la opción a las entidades más solventes para mantener la figura jurídica que deseen, incluida la tradicional de caja de ahorros. Pero el instituto emisor, tras ceder en sus aspiraciones más ambiciosas -«los mercados entienden mejor a los bancos», argumentó el subgobernador, en defensa de una transformación generalizada- ha puesto el listón lo más alto posible.

Más rigor

El supervisor va a exigir que bancos y cajas tengan un capital básico -'core capital' en el argot del sector- equivalente al 8% de sus activos ponderados por riesgo. Y a las entidades no cotizadas, que no cuentan con inversores privados y que en su financiación dependen de inversores mayoristas en más de un 20% -la mayor parte de las cajas, salvo las muy pequeñas, entran dentro de este epígrafe- se les impondrá un requerimiento superior al 8%, todavía por determinar. Por añadidura, el Banco de España extrema el rigor, porque ahora se plantea computar el capital de las entidades españolas con los mismos criterios que el acuerdo de Basilea III exigirá a las entidades internacionales en el año 2013. Ahora mismo, la media de 'core capital' del sistema español está en el 8,5% -con datos de 30 de septiembre- pero ese porcentaje, con las nuevas exigencias, quedaría sensiblemente rebajado. Ahora, por ejemplo, un banco o caja contabiliza como básico, junto al capital y las reservas, deducciones fiscales, participaciones en entidades financieras y minoritarios, que en el nuevo cómputo ya no se tomarán en cuenta.

Un primer cálculo sobre las necesidades de capital se llevará a cabo de inmediato, y el instituto emisor confirmará sus estimaciones cuando, el 28 de febrero, conozca los datos de bancos y cajas a 31 de diciembre pasado. El real decreto que reflejará las nuevas exigencias e introducirá los cambios legales se publicará por esas fechas. Desde ahora mismo, y hasta el otoño, las entidades tendrán que buscar fórmulas de recapitalización. Sin olvidar que, en ese plazo, se llevarán a cabo las pruebas de estrés que se propone realizar la UE, y que pueden introducir algunos requerimientos complementarios.