Las cajas de ahorros se movilizan

Las cajas de ahorros se movilizan. La CECA, confederación que las aglutina, prepara la fórmula que planteará la próxima semana al Gobierno, con la idea de dar una salida a las que tienen mayores dificultades para cumplir los requerimientos de capital que les van a ser exigidos sin verse abocadas a convertirse en bancos. Y algunas instituciones exploran caminos alternativos, que van desde un nuevo proceso de fusiones hasta la alianza con una entidad bancaria ya existente.

En esta línea, Caja España-Duero ha entablado contactos con otras entidades, y ha autorizado para ello al presidente, Evaristo del Canto, y al director general, Lucas Fernández. De las conversaciones «todavía incipientes» con Unicaja, otra de las entidades 'solteras', que está sobrada de capital -más del 13%, tres puntos por encima de la exigencia máxima- ha informado el 'Diario de León'. En medios financieros también se menciona la posibilidad de que el Banco Pastor pueda establecer una alianza con entidades de ahorro. La segunda vuelta del proceso de fusiones estaría a punto.

Pero la mayoría de las instituciones de ahorro que no han emprendido una vía propia hacia la bancarización -el camino adoptado por el grupo que lideran Caja Madrid y Bancaja, y por Banca Cívica, que han sido los pioneros- confían en la capacidad negociadora de la CECA para reconducir de forma indirecta unas exigencias que consideran excesivas y que no les dejan opción a mantener su modelo.

Críticas indiscriminadas

«Primero nos abocaron a la integración, después nos exigieron la máxima transparencia en el riesgo inmobiliario, y todas esas exigencias las hemos cumplido con total disciplina», argumenta un directivo que pide el anonimato. «Ahora también obedeceremos, siempre que no nos conduzcan al suicidio», añade, en referencia a las dificultades que para algunas cajas puede suponer salir a captar capital en el mercado todas a la vez. Se suma además a la queja del perjuicio adicional que supone la crítica indiscriminada a estas entidades, sin tomar en cuenta la especial sensibilidad del marco en que desarrollan su negocio.

El Gobierno no quiere más presión de los mercados por la situación de las entidades de crédito. Por eso persigue que algunas instituciones -las no cotizadas, ni participadas en un 20% por capital privado, que buscan en los mercados mayoristas los recursos para proporcionar financiación a sus clientes- eleven su coeficiente de solvencia hasta el 10%, mientras que al resto le bastará con el 8%. Ambos son requerimientos superiores a las que por estas fechas deben cumplir los competidores europeos. Quien no los cumpla, tendrá un plazo muy corto para buscar capital privado si no quiere ser parcial y temporalmente nacionalizado, porque las futuras ayudas públicas irán acompañadas de los correspondientes derechos políticos.

La iniciativa, que incide básicamente en las cajas de ahorros, ha provocado el rechazo de muchos agentes sociales y políticos, desde gobiernos territoriales a sindicatos, y tampoco cuenta con el apoyo de una mayoría suficiente de fuerzas parlamentarias que le den su respaldo.