Las cajas de ahorros se pliegan, de partida, a las mayores exigencias de solvencia que quiere imponerles el Gobierno respecto a los bancos. Aseguran que están cerca de los requerimientos, pero quieren seguir negociando con el Ministerio de Economía los 'detalles' de una norma que les impone mayor rigor, con la intención de que algunas instituciones no se vean obligadas a cambiar de proyecto contra su voluntad.

Son los restos del 'traje a medida' que tiempo atrás acordó la patronal del sector con el Ejecutivo. Por eso han pedido precisiones sobre determinados términos de las exigencias gubernamentales. Quieren concretar lo que abarcan los conceptos de 'capital principal' y de 'financiación mayorista', y alimentan la idea de que todas las cajas encuentren un camino de supervivencia.

Su opinión de que el sector está encarrilado contrasta con las estimaciones del Banco de España -que ha evaluado en 20.000 millones de euros las necesidades de capital adicional a 31 de diciembre pasado- y con las de analistas del sector privado. El más 'contenido', el servicio de estudios de BBVA, ha cifrado las exigencias entre 13.000 y 17.000 millones.

Mientras las cajas intentan fórmulas de entendimiento con el Gobierno, el Partido Popular amaga una ruptura con el PSOE y las federaciones de banca de los sindicatos CC. OO. y UGT anuncian que estudiarán todas las posibilidades legales, y hasta la movilización social, para combatir la reforma si, finalmente, se materializa lo que consideran «una legislación discriminatoria». Los sindicatos advierten que elevar las exigencias de solvencia a las cajas de ahorros «supone una presión innecesaria», al tiempo que sacan a la luz su inquietud por la evolución del empleo en el sector.

Todos justifican sus posturas en la necesidad de que «fluya el crédito» para los particulares y las empresas. El mismo argumento que utiliza Economía para exigir a las cajas mayor solvencia, lo emplea el PP para denunciar un planteamiento «tan rígido» que no deja margen de maniobra, y que, a su juicio, estrangulará la financiación necesaria para potenciar la inversión generadora de empleo en la economía.

Búsqueda de salidas

El portavoz adjunto del PP para asuntos económicos, Álvaro Nadal, denunció que las medidas anunciadas por la vicepresidenta económica van a constituir una «nacionalización» de las cajas, y situarán al sector en una posición competitiva desfavorable respecto al resto de entidades europeas.

La principal fuerza política de oposición, que apoyó la constitución del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la reforma de la Ley de Órganos Rectores de las cajas de ahorros (Lorca), se ha desmarcado con rapidez de de los planes del Ejecutivo en esta nueva vuelta de tuerca.

Por su parte, la Confederación que aglutina a las cajas de ahorro (CECA) está presidida por Isidro Fainé, dirigente a su vez de La Caixa. La entidad catalana, la de mayor tamaño entre las cajas de ahorros, lleva muchos meses diseñando su propia vía, y alguna de las precisiones del plan del Gobierno se adapta como un guante al diseño de su proyecto. Podrá contabilizar como 'capital principal' los bonos obligatoriamente convertibles en acciones que tiene previsto emitir. Es una opción que el Ministerio se propone abrir «temporalmente».

Pero CECA intenta buscar caminos transitables por otras cajas. Recuerda que los cambios introducidos en la ley reguladora del sector ya hicieron posible una mayor capitalización de estas instituciones y añade que las entidades de ahorro a las que se les aplicaría el requisito de un 10% de capital básico -dos puntos superior al de los bancos- cumplen, en una destacada proporción, este requerimiento. Los enunciados del Gobierno contienen imprecisiones, según la CECA. Les queda claro que las cajas que constituyan bancos cotizados se podrán sustraer de la mayor exigencia, y limitar la relación entre su capital básico y los activos ponderados por riesgo al 8%. Existe, además, la opción alternativa que supone la demanda de una presencia en el capital de al menos un 20% de inversores privados.