Algo más de dos millones de empleados públicos (alrededor de 80.000 en Aragón) están llamados el martes a la huelga, convocados por UGT, CC. OO. y CSI-CSIF. Las razones de la protesta son de sobra conocidas: el decreto recientemente elaborado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero (y convalidado in extremis por el Congreso) que prevé un recorte sustancial de los gastos sociales y que rebaja los salarios de los empleados públicos este año y los congela para 2011.

Los representantes de los funcionarios consideran este recorte como una de las medidas más graves y lesivas de todas cuantas se han aplicado a los funcionarios desde que se implantó la democracia en España: es la primera vez que se decide rebajar los salarios de los trabajadores de la Administración pública, algo que se consideraba hasta ahora poco menos que imposible.

Por ello, los sindicatos con representación en la mesa negociadora de la función pública han querido dar una respuesta contundente, a la medida de "la agresión", explican desde Aragón los responsables de las áreas de la función pública de UGT, CC. OO. y CSI-CSIF, los tres sindicatos que han convocado la movilización.

A los representantes de las tres centrales sindicales les preocupa también, más allá de la rebaja salarial puntual, la trascendencia que esta medida va a tener a medio plazo e interpretan que atenta directamente contra los acuerdos laborales pactados hace unos meses y los deja en papel mojado.

"Habíamos firmado unos pactos en septiembre con los que creímos que estábamos contribuyendo responsablemente a salir de la crisis económica mediante la práctica congelación salarial -se firmó una subida del 0,3% para este año- y de pronto -explica Daniel Alastuey, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Aragón-, nos encontramos con un hecho que es injusto, que rompe la negociación colectiva y la legalidad vigente; una medida que además no va a cumplir con el objetivo que se prevé y que va a generar una cantidad tremenda de agravios comparativos dentro de la administración porque es prácticamente inaplicable: es una medida muy chapucera desde el punto de vista técnico y jurídico".

Asambleas

Para calentar motores, los tres sindicatos llevan días organizando asambleas en los centros de trabajo para explicar el alcance de la medida y, al mismo tiempo, pulsar el estado de ánimo de los funcionarios. Y lo que han encontrado es un colectivo de trabajadores "desanimado y enfadado. La noticia ha caído como un mazazo -dice Enrique Gracia, coordinador del Área Pública de CC. OO.-Aragón-, no nos esperábamos estas medidas. Teníamos un acuerdo firmado hace medio año, se había hecho un sacrificio que creíamos que nos blindaba de agresiones que no esperábamos".

"La gente manifiesta tres sentimientos -explica Alastuey-: indignación, porque consideran que se ha atentado contra su dignidad profesional y se está dando una visión distorsionada de su quehacer y su actividad; están enfadados porque a nadie le gusta que le recorten el salario y además están desorientados, con gran incertidumbre con respecto al futuro".

Por su parte, Luis Güerri, presidente de CSI-CSIF en Aragón dice que los empleados públicos están "perplejos, desilusionados y aturdidos" y advierte que "esto no acaba el día de huelga. Ante una agresión de estas características tienes que responder con algo contundente como es una huelga -explica-, pero la huelga no medirá la temperatura y el grado de descontento y perplejidad; medirá en todo caso, el grado de aturdimiento. A medida que pasen los meses y los trabajadores vayan recibiendo las nóminas con sus recortes salariales, el enfado irá aumentando".