La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional contra la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) por la comisión de un delito contra el tráfico aéreo en su variante de sedición, al considerar que instigó el paro que provocó el pasado viernes el cierre del espacio aéreo.

Según explican los consumidores en su demanda, el abandono de sus puestos por parte de los trabajadores de las torres de control de los aeropuertos llevó "al caos en todo el país". "Tras casi un día de colapso por lo que entendemos es una huelga ilegal, debieron cancelarse 2.710 vuelos y cerca de 600.000 pasajeros se vieron afectados", indica la OCU.

La asociacion de consumidores entiende que el "abandono masivo" de los controlares obedece a una huelga encubierta "claramente dirigida". "Parece obvio que los controladores siguieron indicaciones para no acudir a sus puestos de trabajo", dice en su escrito.

En su escrito, esta organización menciona que la actitud de estos trabajadores podría encajar también en la comisión de un delito de coacciones contra los intereses turísticos y contra miles de pasajeros. Y añade que aquellos que presentaron informes médicos sin justificación "podrían haber incurrido en un delito de falsificación de documentos públicos y privados".

Por eso, esta organizaciones de consumidores pide a la Audiencia Nacional que cite a declarar en calidad de testigo al presidente de Aena y que el tribunal obtenga un listado de los controladores que no acudieron a su puesto de trabajo.

Aluvión de demandas

Por su parte, el Gremio de Hoteles de Barcelona ha anunciado que presentará una demanda contra los controladores aéreos por las responsabilidades derivadas del caos en los aeropuertos que provocaron el pasado fin de semanda alrededor de un 12% de cancelaciones de las reservas en los alojamientos de la ciudad.

Asimismo, la Asociación Catalana de Agencias de Viajes (ACAV), que representa al sector en Cataluña y al 90% de los operadores de toda España, ha impulsado la creación de una plataforma de afectados que presentarán en el plazo de unos diez días una demanda colectiva. La demanda irá dirigida control los controladores y contra Aena.