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Economía
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OPINIÓN EXTRANJERA

La OCDE pide retrasar aún más la edad de jubilación

La organización, partidaria de ampliar el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) afirma que el retraso de la edad legal de jubilación en España de 65 a 67 años es insuficiente y que habrá que adecuarlo en el futuro al aumento de la esperanza de vida, así como ampliar más allá de los 35 años el período de cotización para cobrar la pensión completa.

En un informe sobre España publicado por su sede en París, el club de los países más ricos plantea profundizar en las reformas estructurales emprendidas por Zapatero. Ejemplo de esa mayor radicalidad preconizada para los ajustes es el dictamen de que no basta con elevar de 65 a 67 años la edad de jubilación, a pesar de considerarlo una «alta prioridad», sino que se necesitan otras medidas de contención.

A largo plazo, los parámetros de los derechos a un retiro, por ejemplo la edad legal de jubilación o el nivel de la pensión, deberían adoptar progresivamente una fórmula revisada de cálculo que refleje precisamente la duración de la vida activa, dado que entre 2030 y 2060 los gastos derivados del envejecimiento demográfico progresarán el doble que en el conjunto de la organización. Esta adecuación del cómputo de la pensión a toda la vida laboral supondría que se deje de calcular la pensión en función de las cotizaciones solamente en los últimos quince años y que el plazo de pago necesario para una pensión completa no se limite a 35 años, como ahora.

A modo de resumen, el economista de la OCDE Andrés Fuentes dijo que el sistema español de pensiones es «demasiado generoso», ya que éstas representan un 80% del salario, porcentaje más elevado que en los países de su entorno. Los autores del informe también aconsejan limitar las subvenciones implícitas al cese anticipado de actividad y las prejubilaciones. El mismo tono de dureza presenta el recetario en materia de reforma laboral, donde también se juzga que el Gobierno del PSOE se ha quedado corto. Habría que asegurarse de que los derechos a indemnizaciones por despido sean sensiblemente reducidas, al menos en todos los nuevos contratos», escriben. Desde su punto de vista, la gran volatilidad del empleo en España obedece a la dualidad del mercado de trabajo entre los contratos temporales y los fijos, que deberían converger en un contrato único con una indemnización por despido muy baja al principio que vaya en aumento en función de la antigüedad.

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