La nueva Ley Concursal facilita a la banca refinanciar empresas con problemas

Las entidades financieras acreedoras de las empresas en dificultades podrán imponer los acuerdos de refinanciación en situaciones preconcursales, lo que permitirá que continúen con su actividad, según el anteproyecto de ley de reforma de la Ley Concursal aprobado ayer por el Consejo de Ministros.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, explicó que las novedades que incluye la reforma se centran en las "medidas preconcursales", que facilitarán las propuestas anticipadas de convenio de acreedores y los acuerdos extrajudiciales de refinanciación para evitar la insolvencia definitiva de las empresas.

En este sentido, las entidades financieras podrán imponerse a los acreedores minoritarios cuando representen más del 75% del pasivo de la empresa y la compañía en dificultades cuente con un proyecto de viabilidad aprobado por un experto independiente y homologado por el juez. El ministro de Justicia destacó que hasta ahora "el concurso era una situación terminal que suponía el fracaso del proyecto de una empresa", por lo que con la reforma "se pretende que aunque la empresa tenga insolvencia, esto no suponga su fin".

Por otro lado, la futura ley regula por primera vez el llamado 'dinero fresco' que inyectan los acreedores de la empresa para alcanzar un acuerdo de refinanciación y continuar con la actividad. Al respecto, la nueva norma establece que el 50% de ese dinero nuevo que llega a la empresa gracias al acuerdo de refinanciación tiene la consideración de crédito contra la masa (prioridad de cobro), lo que da mayor garantía a las entidades financieras que concedan nuevos créditos para reflotar la empresa.

El anteproyecto de ley incrementa las responsabilidades de los administradores con el objetivo de descongestionar los Juzgados de lo Mercantil y agilizar los procesos. En este sentido, se les requerirá mayor profesionalización para poder subsanar los errores del listado de acreedores, lo que reducirá, en gran medida, las demandas de incidentes concursales, principal causa de retraso en los procedimientos.