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Economía

IMPUESTOS

La justicia limita el afán recaudador de los ayuntamientos ante el sector inmobiliario

Pone reparos al cobro del impuesto de construcciones, la tasa de servicios urbanísticos y las plusvalías de los terrenos.

Los ayuntamientos llevan desde principios de año tratando de reorientar en lo posible sus fuentes de ingresos, dependientes en gran medida de un sector inmobiliario ahora de capa caída, pero no parece que hayan conseguido avances. De hecho, y más allá de la pretensión de algunas grandes capitales de elevar la carga impositiva sobre las entidades financieras (Madrid, sobre todo), sus principales acciones recaudatorias aún tienen como objetivo prioritario al sector del 'ladrillo', si bien algunas sentencias del Tribunal Supremo han supuesto un verdadero jarro de agua fría para esas intenciones.

La 'guerra' entre promotores y responsables municipales por esa cuestión se ha recrudecido con el paso de las semanas, pese a que su federación nacional (la FEMP) suscribió en enero un acuerdo para iniciar 200.000 viviendas protegidas al año, si bien aún no esta claro en qué medida lo implementarán los 8.000 ayuntamientos existentes en España. Pero, para bastantes empresarios, casi sería mejor que los consistorios fueran neutrales con ellos, es decir, que no les dieran ningún respaldo económico pero tampoco les penalizarán fiscalmente.

Una vez roto el temor inicial por enfrentarse a las autoridades políticas, decenas de empresas se han decidido a acudir a los tribunales en defensa de sus intereses, pues desde los años ochenta la propia jurisprudencia del Supremo ha declarado "ilegal" en muchos casos tanto el cobro de la tasa por prestación de servicios urbanísticos como del impuesto de construcciones, instalaciones y obras (que puede suponer hasta el 5% de la edificación de una casa) en lo relativo a la aprobación y tramitación de planes parciales, así como a los proyectos de urbanización o reparcelación derivados de los mismos. Para los magistrados, no cabe gravar esas operaciones porque no constituyen en sí mismas un hecho imponible, ya que no es preciso tener una licencia de obra para llevarlas a cabo.

Recuperar el dinero

Los despachos que asesoran a esas empresas las han animado a establecer un conflicto contencioso-administrativo con los ayuntamientos por las liquidaciones tributarias que les envían, en opinión de los primeros, "de forma absolutamente indebida". El primer objetivo es frenar la exigencia de estos cobros, si bien para ello es necesario avalar la cantidad pendiente de litigio; el segundo, muy interesante en el actual período de 'vacas flacas', es solicitar por vía judicial el reembolso de las sumas cobradas en ejercicios anteriores por ese concepto, para lo cual tienen cuatro años de plazo.

Otro impuesto al que la justicia ha puesto reparos claros es el que grava el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como plusvalía. El Tribunal Supremo estima aquí que no puede liquidar dicho tributo mientras no se notifique a los interesados la nueva valoración catastral de sus inmuebles que, según resaltan los magistrados, "no puede quedar determinada a espaldas del sujeto pasivo" del gravamen en cuestión, un acto informativo que depende de los propios consistorios y que, por ello, son los únicos que con su demora pueden perjudicar los ingresos de sus propias arcas.

Los jueces, que advierten que a los contribuyentes se les debe facilitar el derecho "efectivo" a recurrir el nuevo valor catastral antes de cobrarles el impuesto correspondiente, ven "deseable" una mayor coordinación entre las distintas administraciones públicas, sobre todo entre la central y la local. No en vano, ellas mismas se benefician de las propias actuaciones urbanísticas que generan. En el caso de los ayuntamientos, las promotoras deben cederles el 10% del aprovechamiento medio de su suelo urbanizable, lo que al final de la operación puede proporcionarles un tercio de las plusvalías generadas. 

Nueva tasa sobre la telefonía móvil

Si los promotores inmobiliarios se sienten casi 'perseguidos' por las autoridades municipales, las operadoras de telecomunicaciones creen que son objeto de un "abuso" tributario en toda regla, al gravarles dos veces por un mismo concepto. En concreto, el Estado ya les cobra por el uso del dominio público radioeléctrico (en concreto, 240 millones de euros en 2006), mientras que parte de los ayuntamientos -por ahora, sólo unos 350, pero entre ellos algunos de los más importantes (Madrid, Barcelona, Sevilla, Vitoria...)- han empezado a exigirles una nueva tasa del 1,5% de sus ingresos por las 60.000 antenas que tienen colocadas en el mapa urbano español, en muchos casos en azoteas privadas.

Las operadoras de telefonía móvil, respaldadas por la patronal del sector (Redtel) y lideradas por las tres principales firmas (Telefónica, Vodafone y Orange), se han negado a pagar dicho tributo y han interpuesto los recursos correspondientes, tanto de forma colectiva como individual. Cuentan con el respaldo del área económica del Gobierno -tanto del Ministerio de Economía y Hacienda como del de Industria-, pero los ayuntamientos -respaldados por los responsables políticos de las tres formaciones nacionales, PSOE, PP e IU- no están dispuestos a renunciar tan pronto a esta vía alternativa de ingresos ante la crisis del 'ladrillo' e incluso han estimado que les proporcionará unos 270 millones de euros anuales.

Las operadoras alegan haber sido "engañadas", pues cuando en la etapa de gobierno del PP se decidió reducir a la mínima expresión el impuesto de actividades económicas (IAE), ellas fueron las paganas (a cambio se las dijo que no se cobraría a la telefonía móvil por el uso del espacio público), de manera que casi se multiplicó por diez la suma que pagaban por ese concepto. En 2007 alcanzó los 800 millones de euros, lo que representa un incremento del 900% en sólo cinco años. Las compañías afectadas han echado cuentas y, si no logran frenar la nueva tasa, su factura fiscal frente a los municipios subiría un 50% hasta los 550 millones por año -cifra que representa el 15% de sus inversiones-, lo que las llevaría a subir sus tarifas un 2% de media.

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