La UE denunciará a España por discriminar a las empresas con sede en paraísos fiscales

La Comisión Europea tiene ya ultimada una denuncia contra España porque el tratamiento tributario que concede a las empresas con sede en 'paraísos' fiscales del 'viejo' continente es, supuestamente, discriminatorio respecto al que otorga a las compañías que operan en otros países y obviamente a las españolas. No obstante, el paso de acudir ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo -que en la última legislatura siguió otra media docena de veces con los mismos protagonistas y, en la mayoría de los casos, también por temas impositivos- se puede demorar aún unos diez días más, pues el Gobierno ha decidido apurar el plazo para contestar al requerimiento inicial de las autoridades de Bruselas, que está a punto de vencer.

Por tanto, y aunque resulta curioso, es probable que en apenas 15 días el Ejecutivo de José Luís Rodríguez Zapatero pase de ser criticado por "premiar" -a juicio de los inspectores de Hacienda- a quienes invierten en esos territorios opacos, que desde el 22 de abril están eximidos de declarar los rendimientos que obtengan por comprar deuda pública española, a enfrentarse a un nuevo pleito con los responsables comunitarios precisamente por entorpecer el flujo de fondos hacia y desde esos lugares en la UE. En el primer caso, no obstante, fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda advierten que "es más la imagen poco afortunada que se ha podido dar que las ventajas reales de esos inversores, a quienes se puede perseguir por otras vías".

Y es que en Hacienda -con su 'brazo armado', la Agencia Tributaria, a la cabeza- quieren dejar "muy claro" que su objetivo nunca ha sido "favorecer" de forma directa a los ciudadanos que tengan fondos en 'paraísos' fiscales, si bien en la práctica sí existe una diferencia de trato significada sobre quienes tienen su residencia fiscal en España, pues estos últimos han de pagar el 18% por los rendimientos obtenidos a través de bonos del Estado y productos similares (siempre de renta fija). Su finalidad, dicen, era reducir las numerosas trabas burocráticas existentes a la hora de identificar bien a los no residentes, al tiempo que elevar la competitividad del mercado de deuda español pues, no en vano, la mitad del mismo está en manos de ciudadanos no residentes.

No a Bruselas

Para demostrar que no existe el menor atisbo de complicidad con 'paraísos' fiscales, el Gobierno va a responder a la Comisión Europea que no piensa modificar su legislación sobre los dividendos recibidos de empresas de las que se posee más de un 5%, de manera que se seguirá sin tributar por ellos en el caso de las compañías españolas o con sede en otros países de la Unión mientras que en aquellas con sede en esos territorios opacos tendrán que pagar sobre un tipo del 30%. En Bruselas arguyen que no se puede establecer esa diferenciación porque bastantes de esos lugares ya son parte del club comunitario, bien directamente -como Luxemburgo y, en menor medida, Chipre, que son miembros de hecho de la UE-, bien de forma interpuesta -las islas de Canal de la Mancha son británicas y las Antillas holandesas-.

Los responsables comunitarios insisten en que, 'paraísos' o no, esos territorios no dejan de ser parte de otros Estados miembros y, por tanto, cualquier diferencia de trato respecto a ellos (en este caso, negativa) "restringe la libre circulación de capitales" de un país europeo socio a otro, conducta totalmente prohibida dentro de la Unión. Otra diferencia a tener en cuenta es que los beneficios de las filiales establecidas en esos 'paraísos' por una sociedad matriz española se gravan en el momento de su obtención, mientras que si la filial estuviera en otro país socio o en la propia España sólo se respondería a la hora de distribuir dividendos.

Pese a que el expediente abierto contra España por discriminar a los 'paraísos' fiscales europeos (entre ellos, el controvertido Liechtenstein), está alejado de cualquier trato de favor con los mismos, los inspectores de Hacienda aún lamentan la discriminación positiva que se les ha concedido respecto a la Deuda Pública española, que tachan de "escandalosa" y "absolutamente contradictoria" respecto a la actitud que debería mantener Hacienda. En cualquier caso, su critica más dura es contra la propia UE, a la que tachan de "hipócrita" por hablar de lucha contra el fraude fiscal y, al mismo tiempo, amparar dentro de ella a territorios opacos en materia tributaria. En ese sentido, piden al Ejecutivo español que sea más duro y, por ejemplo, prohíba a los bancos tener sucursales en esos lugares y grave con un tipo del 24% los movimiento de fondos con origen o destino en ellos.