La complejidad del plan de choque para la reinserción de parados obliga a Trabajo a ralentizar su aplicación

La naturaleza compleja del "plan de choque 2008" para la recolocación de unos 470.000 nuevos parados obliga al Ministerio de Trabajo e Inmigración a ralentizar su puesta en marcha, según se desprende de la fecha elegida, el 26 de junio, para la conferencia sectorial. Es decir, el Departamento que dirige Celestino Corbacho esperará algo más de un mes para reunir a los consejeros de Empleo de las comunidades autónomas. El plan forma parte del bloque de medidas extraordinarias, aprobado en el primer Consejo de Ministros operativo del nuevo Gobierno, para afrontar la crisis económica.

La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, fue quien hizo pública la fecha de la conferencia sectorial. "El Plan extraordinario de Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral (denominación oficial del proyecto) se aplicará en las mejores condiciones en coordinación con las 17 comunidades autónomas", resaltó desde Arroyo de la Encomienda (Valladolid), donde asistió a una jornada sobre "La economía social como motor de creación de empleo".

En resumen el plan -anunciado como urgente a primeros de febrero por el anterior ministro de Trabajo, Jesús Caldera- costará 200 millones de euros, estará financiado por las cotizaciones de empleadores y empleados, formará a 1.500 orientadores para ayudar a la reinserción de los parados y proporcionará una ayuda de 350 euros a los desempleados que necesiten formación y tengan rentas inferiores al indicador público, situado en 517 euros al mes. Rojo añadió que su experiencia en los servicios de empleo le ha demostrado que "los sistemas de orientación profesional son la base para construir itinerarios personalizados".

Sin negociación

Los agentes sociales (sindicatos y empresarios) vieron desde el principio que se trataba de un programa de difícil aplicación y tildaron su contenido de insuficiente. Tampoco recibieron con agrado que el texto quedara redactado unilateralmente por el Gobierno, sin negociación previa con ellos. Los responsables de CEOE, CEPYME, CCOO y UGT preferían un proyecto financiado por los Presupuestos Generales del Estado y de vigencia permanente. Pese a que sus propuestas fueron rechazadas, ninguno optó por oponerse.

No obstante, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, quien también acudió a la jornada sobre la economía social, insistió en que cualquier reforma relacionada con la actividad laboral debería ser objeto del diálogo social. A su juicio, se necesita un plan estructural con medidas para mejorar los servicios públicos de empleo y no sólo soluciones puntales para hacer frente a la crisis de un sector determinado, en alusión a los desempleados procedentes de la construcción. Méndez instó al Ejecutivo a buscar el consenso con los sindicatos como garantía de éxito en la aplicación del proyecto.

También el líder de CCOO, José María Fidalgo, desde Madrid y en un acto organizado por la Federación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), del PP, se refirió al plan de choque. Apuntó que efectivamente parece un galimatías al reflejar iniciativas complicadas de casar, como es la contratación temporal (puesto que la aplicación de las medidas se limita a 2008) de los orientadores por parte de la Administración Central, quien los repartirá por las comunidades para que las autonomías cumplan con las directrices del proyecto. En su opinión, sería mucho más fácil conseguir unos Servicios Públicos de Empleo modernos, que sirvieran para unir ofertas y demandas laborales.