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FINANZAS

La CAM será administrada temporalmente por el Fondo de Reestructuración Bancaria

Cayo Lara acusa al Banco de España de no tener los «controles suficientes» en la CAM.

Imagen de una sucursal de la Caja Mediterráneo (CAM).
El Banco de España interviene la CAM para capitalizarla y después venderla

La CAM ha quedado este sábado bajo la administración del FROB después de que los consejos de la propia entidad solicitaran la sustitución de sus administradores por otros que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria designara. Mientras, algunos políticos como Cayo Lara han declarado su desconfianza en base al proyecto y hacia el propio Banco de España.

El Banco de España nacionalizó este viernes la Caja de Ahorro del Mediterráneo (CAM) después de que los consejos de la misma manifestaran al instituto emisor la imposibilidad de encontrar de inmediato una solución viable para su negocio financiero y solicitaran la sustitución de sus administradores por otros designados por el FROB.

El supervisor inició un proceso competitivo para posibilitar la enajenación de la CAM, que a partir de este sábado ha quedado administrada por el FROB. El fondo ha acordado inyectar 2.800 millones mediante la suscripción de acciones y otorgar una línea de crédito por 3.000 millones de euros de disponibilidad inmediata al grupo para asegurar su liquidez.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado los nombres de las personas que pasan a desempeñarán las funciones que corresponden al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en su condición de administrador provisional de la CAM.

José Antonio Iturriaga Miñón, Tomás González Peña y Benicio Herranz Hermosa serán los encargados de ejercitar todas y cada una de las facultades que corresponden al FROB en función de lo que reconoce la normativa vigente en cada momento.

Así, podrán dirigir, controlar y ejecutar la actividad diaria de la CAM, nombrar al equipo de dirección que crean oportuno para cumplir sus funciones y conceder y revocar poderes, incluso los que en la actualidad se encuentran vigentes.

Algunos políticos e instituciones se han pronunciado a favor y en contra de este proceso. El Partido Socialista del País Valenci cree que la intervención de la CAM garantiza seguridad a sus clientes y liquidez a las empresas, así lo ha manifestado su portavoz adjunta en Les Corts, Cristina Moreno, en un comunicado.

Sin embargo, ha lamentado que este proceso «podría haberse solucionado hace poco más de un año», un tiempo en el que el Gobierno valenciano «se ha desentendido y despreocupado del devenir de la caja».

Por su parte, el sindicato independiente de las cajas (CSICA) ha celebrado también la intervención de la CAM porque -según defiende- afianza su seguridad. «La intervención se iba a producir antes o después, era un realidad con los datos que teníamos sobre la mesa tras las continuas inspecciones del Banco de España», apunta el sindicato, quien también pide que se depuren responsabilidades.

Más descontentos se han mostrado Cayo Lara o Lluís Torró. Para el secretario general de Izquierda Unida, el Banco de España no lleva los controles suficientes en la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Además, ha asegurado que la intervención la tendrán que pagar todos los ciudadanos para luego vender la entidad a los especuladores.

Lara ha declarado que la CAM «ha hecho una política dando créditos para la economía especulativa y no para la economía productiva, metiéndose en la misma problemática que ha pasado con otras entidades donde el ladrillo y la especulación financiera inmobiliaria ha jugado un papel importante que ha llevado a una situación de desastre que es la que existe en este momento».

Finalmente, en un acto de IU en el Ateneo de Madrid, ha recalcado como «necesario» una banca pública en lugar de vender las cajas a las entidades privadas.

En cuanto al diputado autonómico de Esquerra Unida del País Valenci (EUPV), Lluís Torró, ha exigido este sábado al Gobierno central que la CAM vuelva al ámbito público. Ha defendido que tal intervención por el órgano supervisor «no puede venir seguida de un proceso de venta al mejor postor y acabar así en manos de la banca privada».

«Es un patrimonio público que ha sido intervenida con dinero público para sanearla» y, a su juicio, sería «intolerable» que «se pierda este patrimonio de todos los valencianos y valencianas».

Por último, a través de Javier Arenas, el Partido Popular también ha expuesto su visión. En un mítin celebrado en la localidad granadina de Guadix, ha manifestado que la intervención de la Caja de Ahorros del Mediterráneo por parte del Banco de España «se ha hecho tarde y se ha hecho mal».

A su modo de ver, hay que apostar por «la máxima transparencia y profesionalidad» en este asunto, pero «sobre todo» considera clave no tener gobernantes que «despilfarran todos los días», porque de ese modo «se acumulan las deudas del estado, de las autonomías y de los gobiernos» y al final el crédito de bancos y cajas para las familias y las pymes acaba destinado a «las deudas del Estado y las instituciones públicas».

CAM fue una de las entidades financieras españolas que, considerando la inyección de capital comprometida por el FROB, quedó por debajo del umbral del 5% fijado como referencia en las pruebas de resistencia europea.

El Banco de España ya intervino Caja Castilla-La Mancha (CCM) y CajaSur, adjudicadas en procesos competitivos a Cajastur y BBK, respectivamente.

DOS ANTIGUOS ADMINISTRADORES DE CAJASUR AL FRENTE DE LA CAM

La Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha puesto al frente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) a dos de los administradores que se hicieron cargo de CajaSur cuando fue intervenida el año pasado.

Se trata de José Antonio Iturriaga Miñón y Tomás González Peña, que en mayo de 2010 fueron nombrados administradores provisionales de la caja andaluza junto a Francisco Orenes Bo.

En esta ocasión, Iturriaga y González trabajarán con Benicio Herranz Hermosa, y los tres serán los encargados de ejercitar todas y cada una de las facultades de la CAM que corresponden al FROB en función de lo que reconoce la normativa vigente en cada momento.

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