EMPLEO

La CE achaca la precariedad laboral en España a la legislación desequilibrada

Esta es una de las principales conclusiones del capítulo dedicado a España dentro del primer informe anual sobe empleo y situación social en la UE, que fue presentado en Bruselas por el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Laszlo Andor.

La Comisión Europea (CE) alertó sobre el empobrecimiento y la precarización de los trabajadores en España, en un informe que achaca estos problemas a una legislación "altamente protectora" con el empleo fijo pero "muy flexible" con el temporal, entre otros factores.


Esta es una de las principales conclusiones del capítulo dedicado a España dentro del primer informe anual sobe empleo y situación social en la UE, que fue presentado en Bruselas por el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Laszlo Andor.


El documento analiza los efectos de la crisis económica y de las "debilidades estructurales" de los estados miembros durante 2009 y 2010, y en concreto alerta sobre la creciente desigualdad de ingresos, la precarización del empleo y el aumento de la pobreza.


En el caso de España, señala un "aumento continuado" de la tasa de pobreza entre los trabajadores durante los últimos años, desde el 10,4 % de 2005 hasta el 11,4 % de 2009, cifras que en éste último año solo fueron superadas por Grecia (13,8 %) y Rumanía (17,9 %).


Este indicador -que refleja el porcentaje de empleados cuyos ingresos son menores al 60 % de la media nacional- se encuentra en España más de tres puntos por encima de la media de los Veintisiete.


Pero lo más significativo del caso español es que los salarios por debajo de la media corresponden en mayor medida a los trabajadores temporales (aproximadamente 13 de cada 100), frente a solo 5 de cada empleados con contrato fijo.


El desnivel es más grave si se tiene en cuenta que el trabajo temporal supone una cuarta parte del empleo total, señala el documento elaborado por la Comisión.


En este sentido, el porcentaje de trabajadores que pasan de tener contratos temporales a fijos es del 33 % en España, dos puntos por debajo de la media europea.


Al analizar las causas de esta situación, el informe apunta a la legislación laboral española "de dos niveles", que regula "altamente la protección de los trabajadores permanentes", mientras que "es muy flexible" con el empleo temporal y con otros tipos de contratos.


También señala que el salario mínimo legal de este país -actualmente de 641,4 euros al mes- es el segundo más bajo de la zona euro en comparación con el sueldo medio.


Este salario mínimo "sólo beneficia en realidad a los trabajadores permanentes debido a la dualidad del mercado laboral y a la legislación", lo que explica por qué la tasa de pobreza de los trabajadores con contrato indefinido es mucho menor.


La Comisión también responsabiliza a un "complejo sistema de negociación colectiva" como uno de los factores que impide una mejor adaptación de los salarios a las condiciones económicas.


Otro factor negativo es que el sistema español de seguridad social realiza transferencias "muy pequeñas" a los trabajadores en situación de pobreza, y que sólo una parte limitada de las mismas tiene en cuenta el tipo de familias y su composición.


Esto provoca que las familias con niños en situación de dependencia tengan una tasa de pobreza "significativamente más alta" que los hogares sin hijos.


Por último, el informe critica la iniciativa del Gobierno para retirar la ayuda de 426 euros a parados que no reciben ningún tipo de prestación, así como la eliminación de las deducciones fiscales para personas con hijos, medidas que tendrán "un efecto desproporcionado sobre la gente con ingresos bajos".


Las conclusiones y recomendaciones del informe serán integradas entre las orientaciones económicas para los estados miembros del próximo semestre europeo, según anunció el comisario europeo.


Al presentar el documento, Andor pidió a los estados miembros que acompañen los recortes presupuestarios que están aplicando con medidas de "solidaridad, crecimiento económico y cohesión social", con vistas a garantizar la recuperación económica a largo plazo.