Industria pone coto a los 'huertos solares' al recortar un 35% las primas al sector
El Ministerio de Industria quiere poner coto a los 'huertos solares', que han proliferado en España en los últimos años al calor de las suculentas primas que reciben, y racionalizar el mercado de la energía fotovoltaica. El departamento que dirige Miguel Sebastián presentó este miércoles a las comunidades autónomas su propuesta de nueva regulación para el sector, que recorta hasta un 35% esas ayudas y limita de forma considerable respecto al actual el máximo de nueva potencia instalada hasta 2020. Sebastián y su equipo trabajan contrarreloj para que el novedoso real decreto esté listo a finales de septiembre, cuando termina la actual normativa, que está prorrogada desde hace un año.
Las dos patronales de los fotovoltaicos (Asif y Appa) no tardaron en reaccionar para calificar de «mortales» los planes del Gobierno.
Las primas a la producción fotovoltaica supondrán este año para las arcas estatales un coste de 800 millones de euros (una buena parte de los 2.500 millones contemplados en ayudas para todas las fuentes de energía renovables). Todo un gasto si se tiene en cuenta que de las placas solares apenas sale el 0,7% del total de energía que se vuelca al sistema. Sebastián aseguró ante los consejeros que las primas a la fotovoltaica han sido responsables de la mitad de la reciente subida de la tarifa eléctrica.
Así, y con una receptividad bastante aceptable por parte de las autonomías -según dijo el secretario general de Energía, Pedro Marín-, Industria confía en enviar esta semana su propuesta a la Comisión Nacional de la Energía y, de ahí, al Consejo de Estado. La idea de Sebastián es recortar de los actuales 45 céntimos de euros por kilowatio hora que cobran ahora las empresas del sector hasta 29 céntimos en el caso de las placas instaladas en suelo (un 35% menos), y hasta 33 céntimos (26% menos) a las instaladas en techos, que se quieren ahora incentivar. Esos números suponen un ahorro de cerca de 450 millones de euros al año y, como mucho, un incremento de los costes del conjunto de energía del 0,5% anual o del 4% para todo el periodo.
Límites
El nuevo real decreto limita a 300 megawatios (200 para techo y 100 para suelo) la potencia que se podrá instalar en 2008, con un máximo por planta de 10 megawatios. Este año terminará con 1.500 nuevos megawatios en paneles fotovoltaicos. El objetivo es dotar al mercado "de un sistema estable y que permita prever ingresos e inversiones", dijo Marín. El secretario de Estado de Energía calcula que el nuevo sistema permitirá que en 2020 la potencia instalada en energía solar alcance los 8.000 megawatios y su peso sobre el total de fuentes generadoras se eleve al 2,5%.
Los 300 mewagatios anuales se repartirán por trimestres (75 por trimestre) y se obligará a las empresas que quieran instalar paneles a inscribirse en un registro que será el que determine la marcha del sistema. Si la demanda de nuevas instalaciones llega o supera cada tres meses esos 75 megawatios previstos las primas se recortarán un 2,5%, con lo que en un caso extremo las ayudas a la generación solar podrían caer hasta un 10% acumulado a lo largo de toda una anualidad. Las primas también se podrán elevar si los costes de las materias primas (esencialmente silicio) se disparan.
Marín quiso tranquilizar a los muchos empresarios que se han apuntado a la 'moda' de los 'huertos solares' al asegurar que la nueva regulación no será retroactiva y que quienes hoy trabajan en el sector seguirán cobrando durante los próximos 25 años sus 45 céntimos de euro. Pero las patronales criticaron con dureza los planes del Gobierno al asegurar que, tal y como está planteado el real decreto pone en peligro muchas inversiones y miles de puestos de trabajo cualificado. Según las cuentas de Asif y Appa, las reglas a las que se enfrentan paralizará el negocio y tendrán un impacto en las cuentas de las compañías de unos 450 millones de euros y de cerca de 4.000 millones en inversiones que no se realizarían por no ser rentables los proyectos.
