Hacienda mirará 'con lupa' dónde reinvierten las empresas sus beneficios extraordinarios

Hacienda pretende dar en 2008 una 'vuelta de tuerca' más a su actividad fiscalizadora, en una continuación de su plan de prevención del fraude, que en sus tres primeros años de vigencia (2004-2006) le permitió ingresar 19.400 millones de euros. Por eso, y aunque las principales líneas de su programa de control tributario son similares a las de ejercicios anteriores, esta vez ha decidido mirar 'con lupa' otras cuestiones, de manera especial el destino de las reinversiones deducibles de beneficios extraordinarios que hacen las empresas y que, hasta la última reforma del impuesto de sociedades, era en términos cuantitativos la principal ventaja impositiva para aquellas.

Aunque, en teoría, las irregularidades cometidas con estos beneficios fiscales deberían ser menores -conforme a su volumen económico- tras reducirse del 20% al 12% la parte de las ganancias que cada compañía puede ahorrarse ante Hacienda si las da un determinado uso productivo, aún quedarían por revisar los últimos cuatro años de sus balances que no están prescritos. Los propios asesores privados reconocen que hasta los cambios aplicados en enero pasado ese tipo de deducción despertaba mucho interés, ahora más reducido, lo que hacía que muchas empresas "abusaran" de la misma, una opinión generalizada en ese ámbito.

Desde hace un mes, vía BOE, la Agencia Tributaria ha dado una instrucción clara y precisa a sus inspectores -quienes, a su vez, advierten que todo este plan será sólo "más de lo mismo" si no se aumentan los medios-: deben "potenciar" el control de la procedencia de esos beneficios fiscales (en general, de cualquiera que "ponga de manifiesto un vaciamiento de los resultados contables o bases imponibles de los obligados tributarios", reza la resolución). Asimismo, se les ordena que hagan un seguimiento más detallado de las operaciones de fusión o escisión empresarial, aportaciones y canje de activos, reducciones de capital con adquisición previa de acciones, gastos financieros deducibles y provisiones de cartera.

En ese capítulo de presunto uso "abusivo" de ventajas fiscales, cuya comprobación será mejorada tras reforzar la denominada "base de datos de negocios anómalos" destacan también las operaciones de disolución de sociedades patrimoniales (conocidas como "transparentes" hasta 2003). El año pasado, al igual que la operativa con empresas vinculadas y precios de transferencia, ya fueron analizados los grupos de reducida dimensión que aprovechaban ese régimen fiscal ventajoso, con el que Hacienda decidió terminar en la última reforma del impuesto de la renta, aunque de una forma algo neutral. En teoría, si hay alguna actividad económica, se pierde la citada consideración societaria y, con ello, una tributación más favorable. Antes era más laxa en la interpretación de esta norma, pero ahora se considera 'vetada' toda actividad que toque el suelo, por ejemplo, el alquiler o compraventa de casas, para algunos un verdadero negocio, para otros sólo una fuente de ingresos extra.

Fraude inmobiliario

Este año se ha decidido poner más atención en la disolución de esas sociedades patrimoniales, si bien será a partir del próximo cuando la Agencia Tributaria entre 'a saco' sobre ellas. En parte, ya lo ha hecho con algunas en el sector inmobiliario, que sigue como una de sus prioridades de control (se emplearán técnicas informáticas para comparar los precios de venta declarados a Hacienda con los del mercado) tras haber descubierto un 65% más de fraude en el mismo, lo que supone una deuda de 1.223 millones de euros. Los responsables del fisco afirman que una parte de las promotoras se han acogido de forma "improcedentes" a ese régimen tributario especial sólo para declarar menos por sus jugosas plusvalías.

Un capítulo más controvertido -y discernir entre sociedades patrimoniales y meramente económicas también lo resulta a veces- es el acceso a todos los movimientos del conjunto de las tarjetas de crédito y cuentas bancarias, una información que Hacienda pretende obtener a partir de ahora de forma casi rutinaria por parte de las entidades financieras para detectar "posibles bolsas de economía sumergida", todo un 'océano' que -según los técnicos del fisco- equivale al 23% del producto interior bruto (PIB). El problema es que el Tribunal Económico-Administrativo ya advirtió a finales del año pasado que esos historiales no se pueden requerir de forma "indiscriminada" (hablamos, sólo en el llamado 'dinero de plástico', de 198 millones de operaciones en 280.000 comercios), por lo que se prevén algunos problemas jurídicos a medio y largo plazo.