En la lista de 198 personas que tenían abiertos 80 depósitos bancarios, supuestamente opacos, no figura empresa alguna. Así lo reveló este miércoles el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, quien dijo, asimismo, que una vez enviados los expedientes a la Fiscalía Anticorrupción la Agencia Tributaria pasa a tener una labor secundaria en este caso, de "apoyo" a la investigación abierta ahora por el Ministerio Público para depurar posibles responsabilidades penales.

En cuanto al importe supuestamente defraudado por estos ciudadanos españoles, Ocaña evitó pronunciarse sobre esta cuestión y aclaró que la cifra de 23,7 millones de euros es simplemente el resultado de multiplicar la cuantía mínima para que exista delito (120.000 euros) por el número de personas bajo sospecha (198). Sólo apuntó que las cifras publicadas por la prensa en ese sentido, de entre 50 y 200 millones de euros -según las distintas fuentes consultadas por cada medio- "no coinciden" con los datos que manejan tanto la Fiscalía como Hacienda.

Por último, señaló que ninguno de los expedientes remitidos han prescrito ya porque serían posteriores a 2002. No obstante, en medios fiscales se apunta que en algunos existe "cierto riesgo" de que lo hagan si no se decide la presentación de las querellas correspondientes en las próximas semanas.