El futuro de las grandes obras públicas en España ya no está en manos de las administraciones sino en las de las grandes constructoras y, sobre todo, en las de la banca. Así se desprende del mensaje lanzado ayer por la secretaria general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Inmaculada Rodríguez Piñero, quien advirtió que "el sistema de colaboración público privado (denominado PPP) ha venido para quedarse". Es decir, lo que era un método que se vendió como "extraordinario" ante la crisis y su evidente impacto en las finanzas públicas se convierte ahora en todo un modelo para los próximos años. La estrechez presupuestaria de las administraciones ha hecho que puentes, trenes, hospitales y su mantenimiento futuro quede al albur de un sistema concesional del que se sabe poco y que no acaba de cuajar.

El anuncio, realizado en unas jornadas organizadas por el Colegio de Ingenieros de Madrid, levantó ampollas en el sector constructor, que siempre ha tenido como cliente y sostén de su negocio a la iniciativa pública. El presidente de la confederación Nacional de la Construcción, Juan Lazcano, aseguró que ese tijeretazo supondrá 660.000 parados más hasta 2013, en un negocio que ya ha perdido algo más de un millón. El más crítico fue Javier Sáez de Cosculluela, presidente de AERCO, quien señaló que "el Gobierno no puede mirar para otro lado y renunciar a ser el promotor de la obra pública. No está justificado ese absentismo".