La Audiencia Provincial de Zaragoza está juzgando, desde ayer, a cuatro ex directivos de la agencia aragonesa AVA y al socio de Ernst & Young que auditó las cuentas de la entidad de valores del ejercicio 1996 en un proceso que -separado del procedimiento más importante relacionado con el caso AVA, el que se ventila en la Audiencia Nacional- puede abrir a ex clientes que perdieron sus ahorros en 1998 una nueva vía para recuperar parte de su dinero.

El Ministerio Fiscal imputa a quien fuera consejero delegado de AVA, Enrique Coronado, y a otros tres ex directivos de la agencia (Gonzalo Marqués, Juan José Camacho y Pilar Barrio) un delito societario y otro de insolvencia punible por su actuación en relación con la elaboración de las cuentas anuales de la entidad de valores de 1996, y considera al socio de Ernst & Young imputado, Benicio Felipe Herranz, "responsable en concepto de autor por cooperación necesaria con el citado delito societario" (del artículo 290). Para cada uno de los cinco procesados, la Fiscalía reclama dos años de prisión, y para AVA Asesores de Valores S. A. y Ernst & Young S. L., una condena (como responsables civiles subsidiarios) a indemnizar a quienes presentaron la querella.

El procedimiento tiene su origen en la presentación de una querella criminal en 2000 por 21 ex clientes de AVA descontentos con la elaboración de la lista del concurso de acreedores de la suspensión de pagos, que concluyó en 2001 con un convenio que permitió pagar a 11.000 acreedores. La querella llegó al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el que tramita desde 1998 la parte más importante del caso AVA -la relacionada con la operativa de la agencia con el banco Socimer de Bahamas-, pero éste se inhibió en favor de la Audiencia de Zaragoza.

Abogados de los acusados, entre ellos el de Ernst & Young, consideraron ayer que aquí "se está ventilando prácticamente lo mismo que la Audiencia Nacional" y, por tanto, reclamaron la suspensión del procedimiento. La prescripción del delito fue otra solicitud, pero ni esta ni la anterior fueron aceptadas por el presidente del tribunal, Julio Arenere.

Conscientes de la importancia de que una auditora como Ernst & Young esté imputada, y tras considerar como una injusticia que solo 21 de los afectados puedan ser indemnizados si se le condena, la asociación de consumidores Adicae -que representa al colectivo más númeroso de afectados por el caso AVA- pidió a la Fiscalía la inclusión de todos los ex clientes de la agencia en el proceso. La fiscal entregó ayer al tribunal un listado de perjudicados elaborado por los administradores judiciales de la agencia para integrarlo en el procedimiento, y -pese a la oposición de defendores de los imputados- Arenere aceptó incluirlo, sin perjuicio de que aparezcan o no finalmente en la sentencia. Manuel Pardos, presidente de Adicae, indicó en los pasillos de la Audiencia que "si este juicio puede resolver algo, es la inclusión de Ernst & Young como imputado, lo que puede ser bueno para los afectados".

El informe del ICAC

Importante en la acusación a la firma auditora, en cualquier caso, será lo que influyan en este procedimiento los argumentos incluidos en la sanción que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) impuso a Ernst & Young en 1999 precisamente por su informe de las cuentas de 1996 auditadas a AVA. En el mismo, citado ayer por la fiscal y de cuyo contenido se defendió el propio Benicio Felipe Herranz, se dice que la agencia de valores actuó por cuenta propia y no por cuenta de sus clientes. La sanción a la auditora fue por el 0,5% de sus honorarios (22 millones de pesetas entonces).