El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, reprochó este miércoles al Ejecutivo que con carácter general haga caso omiso de sus reproches -en concreto, lamentó la "escasa incidencia, salvo excepciones", de sus sugerencias- y no corrija las numerosas deficiencias detectadas casi año tras año en la presentación de la llamada cuenta general del Estado, y que en gran medida vienen arrastradas desde la etapa del PP. Lo hizo en la comisión mixta Congreso-Senado, durante el análisis parlamentario de las primeras cuentas completas de los gobiernos presididos por José Luis Rodríguez Zapatero, correspondientes a 2005, donde el máximo responsables del órgano fiscalizador sostuvo que dicho 'vicio' afecta de lleno a la consistencia interna del balance presentado, lo que unido a la "falta de homogeneidad" en los criterios aplicados en algunos casos, hace que la "representatividad" de los números aportados quede en duda e incluso se pueda hablar de un 'descuadre' de 2.200 millones de euros, que habrá de ser imputado a los Presupuestos de ejercicios posteriores.

Y es que al órgano fiscalizador no le salen las cuentas o, más bien, le aparecen de una forma que no debería ser. Así, por ejemplo, Núñez advirtió que por culpa de todos los 'defectos' detectados, el resultado anual de la citada cuenta general "debería disminuirse" en 449 millones de euros, de modo que su resultado positivo quedaría en 8.730 millones. En otros casos, y "con independencia" del ejercicio al que habrían de atribuirse en puridad, a finales de 2005 existían operaciones "pendientes de aplicar a presupuesto" que, en el apartado de gastos, ascenderían a 2.096 millones, mientras que en los ingresos se situarían en otros 94 millones. Pero no son estos los únicos 'bailes de cifras' detectados, pues en la cuenta agregada del sector público administrativo los técnicos del tribunal consideran que habría de reducirse su superávit en 1.600 millones, de modo que una vez rectificado quedaría en 24.329 millones, mientras que el importe negativo neto derivado de operaciones pendientes de regularización se tendría que elevar hasta 6.184 millones.

Estas 'herencias' financieras no deseadas que pasan de un año a otro casi sin solución de continuidad son uno de los elementos más criticados por el tribunal, que las achaca a las "importantes modificaciones" presupuestarias que el Gobierno (tanto el actual como los anteriores) suele introducir sobre la marcha, y en bastantes ocasiones a última hora, lo que al final desemboca en una evidente "falta de rigor" tanto en la presentación de los cifras estatales como en su seguimiento. Tampoco ayudan a ello las "discrepancias" detectadas en el tratamiento contable de la deuda contraída por la Administración General del Estado con la Tesorería de la Seguridad Social a costa de las prestaciones sociales y servicios de asistencia sanitaria, pues mientras la segunda tenía anotados al cierre de 2005 unos derechos de cobro por valor de 3.372 millones de euros la primera, sin embargo, no registraba la partida de pago recíproca. A su vez, y en el mismo ámbito, estaban pendientes de amortizar los pasivos correspondientes a los conciertos económicos con País Vasco y Navarra.

'Techo' superado

Otro elemento sobre él que llama la atención el órgano fiscalizador en su informe, según destacó Núñez, es que el Ejecutivo recurra a la emisión de Deuda Pública para financiar cuestiones que, de acuerdo con la normativa vigente, corresponderían al Fondo de Contingencia -si bien conviene recordar que la cuantía de éste queda limitada cada año al 2% del importe total de los créditos presupuestarios-. En este sentido pone como ejemplo una ampliación de gasto para atender las obligaciones asumidas como consecuencias del aval del Estado a un préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) concedido a Argentina. También se destaca, aunque más como un hecho singular, que el Gobierno llegó a superar "formalmente, si bien en una cuantía poco relevante", el techo de gasto fijado para ese año (casi 134.000 millones de euros), si bien "dichos créditos iniciales se minoraron en el curso del ejercicio y las obligaciones definitivamente reconocidas no superaron el límite establecido", e incluso se pudo alcanzar (junto a la Seguridad Social) un superávit final cuantificado en 13.939 millones, equivalentes al 1,5% del producto interior bruto (PIB).

Ya con carácter general, el presidente del tribunal insistió en su queja de "falta de información" y "retrasos" por parte de la administración estatal en la rendición de cuentas, que se tradujeron en que siete de cada diez entidades dependientes de ella las presentaron fuera de plazo mientras que un número menor lo hicieron de manera "incompleta", abusando así de la "permisividad" que en cierto modo ofrece la legislación actual. Por ejemplo, destaca que "continúa sin incluirse" en el saldo deudor la parte correspondiente a Navantia, la sociedad civil que relevó a Izar como gestora de los astilleros públicos, y al Grupo Barcelona Holding Olímpico SA (HOLSA), así como las obligaciones de pago mantenidas por el Ministerio de Defensa respecto a la citada Navantia. Por último, criticó la "carencia" de inventarios "adecuadamente elaborados y actualizados" del inmovilizado material, así como la "infradotación" de su amortización, además de una "inadecuada planificación" de la tesorería, de manera que muchas entidades tienen disponibilidades de liquidez superiores a sus necesidades a corto plazo.